Más de 2 mil 300 personas se encuentran en calidad de desaparecidos en Nuevo León, pero su búsqueda “no es una prioridad” para el gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

Aunque es el primer mandatario que consigue un triunfo como candidato independiente, su administración está ignorando los avances que organizaciones ciudadanas y autoridades habían conseguido en los últimos seis años.

La religiosa Consuelo Morales, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) y premio nacional de Derechos Humanos 2015, ha atendido el búsqueda de desaparecidos desde 2009 y su respuesta sobre la nueva administración es contundente: existe un retroceso.

Este viernes se presenta el informe Desapariciones en Nuevo León, desde la mirada de CADHAC en el que recopilan el trabajo realizado entre 2009 y 2016. El llamado principal es a que las autoridades estatales prioricen a las víctimas porque “detrás de cada número hay una tragedia familiar”, dice la hermana Consuelo en entrevista con Animal Político.

Uno de los principales retrocesos ocurre en la Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata de la Procuraduría de Justicia Estatal. En la administración anterior la dependencia consiguió recuperar a víctimas horas después de su desaparición. Sin embargo, los actuales funcionarios “no están capacitados” para atender ese delito, lo que deriva en inacción ante las emergencias.

Después de ocho meses de trabajo la procuraduría estatal y las organizaciones civiles diseñaron el protocolo de actuación inmediata para las primeras 72 horas tras la desaparición de una persona; de tal suerte el Grupo Especializado quedó integrado por un agente del Ministerio Público investigador, dos agentes del Ministerio Público Orientador, tres auxiliares de investigación, un citador y un asesor victimológico.

El grupo entró en operaciones el 20 de marzo de 2014 y hasta marzo de 2015 se habían presentado mil 602 denuncias y se habían localizado mil 359 personas con vida.

Las cifras de 2016 refieren la desaparición de 43 personas, de las cuales 11 fueron encontradas.

Para la hermana Consuelo “no hay justificación para que las autoridades no encuentren a las personas desaparecidas. Parecería que no están aplicando el protocolo y los funcionarios no están siendo capacitados”.

Esto pone en evidencia que el tema no está en la agenda del gobernador Jaime Rodríguez Calderón y sus afirmaciones respeto a los desaparecidos lo confirma, asegura la hermana Consuelo.

En noviembre de 2015, como gobernador elector Jaime Rodríguez declaró que “las mamás nunca dicen que su hijo anda mal y entonces la mejor excusa es culpar al gobierno. Las mamás creen que poniendo una foto ya todo mundo va a colaborar. La gente tiene miedo y no dice. Hay muchas circunstancias. Fue una etapa muy difícil del país en la que la mayoría de los desaparecidos tienen o tuvieron alguna razón para estar desaparecidos”.

Hay legislación, pero no voluntad

Otro problema en Nuevo León es la dificultad para que la desaparición sea un delito tipificado como desaparición forzada aunque existan indicios para ello. Aunque el delito quedó tipificado en el Código Penal de Nuevo León en diciembre de 2012, hasta septiembre de 2016 no se había dictado ninguna sentencia por este delito en el fuero común.

La Procuraduría General de Justicia de Nuevo León ha consignado y logrado el procesamiento judicial de funcionarios públicos que privaron de la libertad a particulares, de acuerdo con la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, pero no por desaparición forzada.

Esto es un impedimento para el acceso pleno a la justicia toda vez que la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León se ha señalado la responsabilidad de autoridades estatales, municipales y federales en las desapariciones.

Los principales problemas para configurar este delito tienen qué ver con la falta de investigación, pues las escasas consignaciones que se han hecho sólo se basan en las denuncias, ampliaciones de denuncias y declaraciones de los mismos inculpados, señala el informe.

En la fundamentación jurídica de esas consignaciones no se recurre a los instrumentos internacionales ni a jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Hace falta profundizar en el tema de la desaparición forzada y retomar las experiencias tanto de otros países como de las resoluciones de instancias internacionales, ya que ni jueces ni fiscales hacen uso adecuado de estas herramientas”, advierte el documento.

¿Quiénes y dónde desaparecieron?

De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) en Nuevo León existen dos mil 339 personas extraviadas o desaparecidas, lo que ubica a la entidad como la cuarta con mayor incidencia.

Sin embargo, no desglosan la cifra entre persona no localizadas y desaparecidas.

De ahí que organizaciones como CADHAC tienen una estadística propia. De enero de 2009 al 30 de septiembre de 2016, registró mil 368 personas desaparecidas. De ellos, mil cinco son de Nuevo León, 320 de Tamaulipas, 29 de otros estados y 14 no se sabe de dónde son.

De acuerdo con el perfil de las víctimas, 74% tenía trabajo remunerado cuando ocurrió la desaparición y un 21% no tenía un empleo. En cuanto a los agentes del Estado, estos eran policías y agentes de tránsito. Entre los que eran trabajadores independientes figuran dos que se dedicaban al narcomenudeo.

En cuanto al contexto, 47% de las víctimas desapareció en lugares cotidianos: dentro o cerca de su domicilio, en casa de amigos, novios o pareja, en bares, o en el lugar de trabajo. Mientras que los agentes del Estado desaparecieron durante el desempeño de su trabajo, ya sea cerca de las corporaciones a las que pertenecían o realizando actividades policiales.

Las desapariciones en Nuevo León se concentran en 26 de los 51 municipios. Sin embargo, 86% de las víctimas registradas por la organización desaparecieron en Monterrey, Guadalupe, Apodaca y Juárez.

El informe concluye que las desapariciones siguen ocurriendo porque no se han desmantelado plenamente las estructuras que las propician. “El futuro de Nuevo León no puede construirse con base en la impunidad y la incertidumbre”, por tanto, debe garantizarse el acceso a la justicia para que “las desapariciones se erradiquen de manera definitiva y no únicamente de forma temporal”, refiere el informe el cual evidencia el poco interés del gobernador por el tema.