Una de cada treinta personas en el mundo es migrante y cada minuto hay veinte nuevos desplazamientos como consecuencia de conflictos. Este escenario urgió a la comunidad internacional a responder concretamente. Así, en septiembre de 2016, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de Nueva York sobre Migrantes y Refugiados a fin de llenar el vacío existente en el sistema de protección internacional, buscando salvar vidas, proteger los derechos humanos y sobre todo, compartir la responsabilidad a escala global.

La Declaración sólo pudo concretarse asumiendo el compromiso conjunto por los distintos países del planeta. La muestra práctica del multilateralismo, encarnada en este documento, se dio en un contexto que evidenciaba el éxodo de refugiados y la crisis migratoria desde 2015. Los niveles de movilidad humana en el mundo no tienen precedentes. Sólo en 2016 había 247 millones de migrantes, 65.6 millones de desplazados forzados y 22.5 millones de refugiados a nivel internacional.

Frente a ello, la reciente salida de Estados Unidos del Pacto Mundial sobre Migración omite la importancia del tema. Es lamentable, además, que este anuncio parezca congruente con las posturas al interior de ese país. Así lo refleja la decisión de la Suprema Corte que declaró constitucional el veto migratorio que prohíbe la entrada a nacionales de ocho países, en su mayoría musulmanes; sin duda, una de las decisiones más reprobables, discriminatorias y xenófobas del gobierno estadounidense.

Dado que en 2016 Estados Unidos fue el principal receptor de refugiados, con 51% del total global, millones de personas que consideraban este país como destino para buscar protección, no tendrán más esta posibilidad, lo que podría agravar la crisis actual. Esto es un rechazo categórico al multilateralismo, pero sobre todo, se trata de una ofensa a los derechos humanos.

Los retos persisten y las recientes políticas de detención y deportación imponen desafíos mayores. Es cierto, hay un camino recorrido en materia de protección a migrantes, pero generar consenso entre los países y sus parlamentos en torno a esta agenda es complejo dadas las diferentes realidades, que se traducen en distintas opiniones. No obstante, en la diversidad hemos encontrado características comunes que han funcionado como un canal para encauzar las voluntades de desarrollar una agenda política focalizada en la persona.

Estas coincidencias, en foros como la Unión Interparlamentaria (UIP), han servido para abordar la agenda migratoria y de refugiados desde distintas perspectivas, respondiendo con resoluciones en torno a la protección de niños, niñas y adolescentes migrantes, particularmente aquellos no acompañados. En 2015 dedicamos la 133 Asamblea de la UIP a la agenda migratoria, que ha servido de base para trabajar coordinadamente con Naciones Unidas. En marzo próximo, en el marco de la 138 Asamblea de la UIP, profundizaremos en el diálogo con miras a traducir los acuerdos internacionales en marcos regulatorios coherentes en cada uno de nuestros países.

La realidad nos obliga a actuar; las tragedias que se desprenden de las crisis migratorias y de refugiados se viven en todas las latitudes. Ciertamente, para los legisladores del mundo las personas y sus derechos están en el centro del debate global sobre movilidad humana. Nuestra principal tarea como parlamentarios debe focalizarse en un cambio de valores y del discurso público. Hace falta dejar de lado los enfoques de seguridad y pragmatismo económico. Es preciso fortalecer nuestro compromiso con los derechos humanos para mejorar las condiciones de vida de quienes han sido obligados a dejar sus hogares por la violencia, la pobreza o los desastres naturales.

Twitter: @GabyCuevas