Francisco J. Valdés

El derecho humano de acceso a la justicia es un principio básico del Estado democrático de derecho, y aunque es más obvia su presencia durante los procedimientos judiciales, en un sentido amplio permite a las personas ser escuchadas por la autoridad y ejercer sus derechos. Incluso, con éste se logra que la propia autoridad rinda cuentas. Sin duda, por tanto, sirve para mantener la paz.

El 31 de julio del 2020, al filo de las 17:30 horas, las cámaras de seguridad instaladas en una “combi” de transporte público que circulaba por la carretera federal México-Texcoco, en el Estado de México, captó las terribles imágenes en las que dos personas intentan robar a los pasajeros del transporte. Sin embargo, entre las personas que viajaban en el mismo lograron hacer tropezar a uno de ellos, lo sometieron y le propinaron una brutal golpiza.

Apenas llegó a las redes ese video, los cibernautas comenzaron a opinar sobre lo sucedido. La gran mayoría manifestó su decidido apoyo a aquellos pasajeros que de víctimas pasaron a victimarios al exceder los límites de la legítima defensa, pero que para una gran parte de la opinión pública eran auténticos héroes del pueblo.

En medio de las opiniones vistas en las redes salieron a relucir frases como “deberían cortarles las manos”, recordando la propuesta de un candidato en la pasada campaña presidencial, o “todo es culpa del gobierno”, mientras se adelantaba que se trataba de una legítima defensa y que no parecía haber exceso alguno.

Entre quienes señalaban dichas opiniones dejaban sentir que estaban hartos de la inseguridad en el País, y especialmente del hecho de que denunciar los delitos es un asunto completamente inútil y una verdadera pérdida de tiempo. Esto debido a que a estas noticias las autoridades no les prestan la menor atención, y cuando logran hacer valer su reclamo saben que nunca se logra atrapar a los delincuentes. “No nos dejan otra salida” –decían algunos.

Dentro de todo este debate, una cuestión tiene especial relevancia: ¿estos hechos de sangre, donde las personas hacen justicia por su propia mano, son realmente atribuibles a la falta de acceso a la justicia o incluso a las deficiencias en la función Estatal de seguridad pública? ¿O es que hay otras motivaciones para inobservar la prohibición expresa y puntualmente establecida en el artículo 17 de nuestra Constitución de que “ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”?

No hay duda de que actualmente en nuestro País el Estado no cuenta con la capacidad para atender el grave problema de inseguridad que nos afecta. Pero esto no es un problema nuevo y tampoco endémico de México. Se han visto casos muy similares, incluso en ciudades europeas de países con un avance socioeconómico mucho mayor al nuestro.

Entonces, parece bastante plausible que, aunque la falta de acceso a la justicia o la falta de seguridad pública contribuyen a que estos casos ocurran, estos no parecen ser los detonantes directos y ni siquiera muy relevantes.

Existen sin duda otras inquietantes razones, como la situación personal de los propios “vengadores”, su día a día, sus problemas familiares, estrechuras económicas, problemas en el trabajo y hasta inclinaciones políticas, las cuales ante una oportunidad de impune desfogue desencadenan la ira colectiva e incontrolable, que no tiene justificación ni legal ni humana.

¿Está inscrita en nuestros genes la agresión? En los asuntos humanos puede que los factores sociales tengan poco peso y que sea nuestra peor naturaleza la que se manifieste cuando somos víctimas de una agresión “injusta”. Así, al ver la oportunidad no nos conformamos con repeler la amenaza, sino que demos un paso más y, si es posible quedar impunes, privemos de la vida a la persona. Un poco como lo sostienen las nuevas posturas psicobiológicas.

Existe incluso otra mortificadora posibilidad: la enorme capacidad de los medios de comunicación, incluidas las redes sociales, para incidir en estos hechos al exhibir a todo el público y de modo descarnado todos estos hechos de sangre en los que una multitud enfurecida acaban con los bienes, la salud o incluso la vida de las personas, y que indulgentemente manejan como una simple venganza por el hartazgo social.

Evidentemente es mucho más probable que una persona vea en la televisión, escuchado en la radio o leído en los diarios o en las redes sociales todos estos terribles hechos, acompañados de frases de disculpa y afirmando que “por fin” la población ha decidido hacerse justicia por su propia mano, a que acuda a una agencia investigadora a interponer una denuncia y no haya sido atendida.

Es conveniente apostar en favor de los derechos. Sin duda mejoran nuestras sociedades, pero no podemos fincar en ello todo el peso de nuestro bienestar colectivo. Debemos, sin embargo, ser conscientes de nuestra naturaleza y también de las limitaciones estatales y así seguir tejiendo incansablemente la red universal de los derechos humanos.

El autor es director general de Asesoría Jurídica y Atención Inmediata de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Coahuila

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH