La evaluación externa —e independiente— siempre constituye un parámetro mejor —por objetivo— para determinar si una determinada política pública está generando los resultados que se esperan de ella.

Y es que a diferencia de los triunfos auto proclamados, el reconocimiento externo implica la participación de una mirada capaz de evaluar los hechos a partir de una posición desinteresada.

Además, la mirada exterior tiene una ventaja adicional: compara contra estándares más altos y no tiene la tentación de ser gratuitamente obsequiosa pues su credibilidad, en el último de los casos, depende de la objetividad de sus opiniones.

Por ello, como se ha dicho el múltiples ocasiones, la mejor forma de saber si estamos avanzando en la dirección correcta, en materias delicadas y complejas de medir, es atenernos a la evaluación venida de fuera y, en particular, de aquellas entidades —públicas o privadas— que se han especializado en medir determinadas variables de la vida pública.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la evaluación realizada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en materia de prácticas sobre Derechos Humanos y en el cual se destacan acciones emprendidas en nuestra entidad para garantizar el ejercicio de tales derechos.

El informe de la agencia estadounidense destaca, entre otras cosas, el trabajo realizado para investigar y aclarar los casos de desaparición de personas en las regiones Norte y Cinco Manantiales, señalando acciones como el que se hubieran girado órdenes de aprehensión en contra de 15 presuntos responsables de dicho delito, entre ellos algunos policías.

También se menciona en el documento las acciones realizadas para evitar el trabajo forzado, tanto de adultos como de menores de edad, a través de “operativos de rescate” realizados en comunidades rurales ubicadas en el territorio estatal.

Se trata, sin duda alguna, de un reconocimiento importante para Coahuila pues ello implica que su gobierno está haciendo algo más que sólo formular discursos o promulgar normas en materia de Derechos Humanos, acciones que son correctas, pero claramente insuficientes.

En ese sentido, no habrá que regatearle el reconocimiento a la administración estatal, pues cuando se llevan a cabo acciones que se notan —como es el caso— lo peor que puede hacerse es tratar de encontrar “el pelo en la sopa”.

Habrá que decir, sin embargo, que la tarea es muy amplia y que en materia de respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos siempre quedan cosas por hacer, además de que ésta no es una lucha que se gana de una vez y para siempre.

Celebremos el reconocimiento pues, de la mejor forma posible: empeñándonos en que el próximo año se repita y sea mayor.