Para que México se sume a los 18 países autorizados para la producción de amapola, el gobierno federal, además de hacer la solicitud formal a la ONU, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, debe modificar el Código Penal Federal, la Ley General de Salud y el Código Nacional de Procedimientos Penales, para no criminalizar el cultivo con fines médicos, explicó.

Advirtió Víctor Manuel Martínez Bullé Goyri, abogado especialista en bioética y derechos humanos en salud del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Enfatizó que aún en países donde es legal su producción con fines médicos, la producción ilegal con otros fines es una realidad, por lo que esta medida en nuestro país no debe verse como una solución a los problemas de inseguridad.

“No tiene caso que el gobierno aprobara esas reformas cuando internacionalmente estaríamos cometiendo un delito. La ONU es quien emite los permisos”, sostuvo el analista.