De acuerdo con El Universal, en al menos siete estados de México, han operado grupos delictivos dedicados a la explotación sexual infantil organizada, en escuelas públicas y privadas, en los que participan maestros, directivos, personal administrativo y de intendencia que han abusado de niños dentro y fuera de los planteles, y los han videograbado con fines de pornografía en línea.

El informe de la explotación sexual infantil en las escuelas, elaborado por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C. (ODI), que ha acompañado y litigado casos de este tipo en por lo menos 18 escuelas, “se trata de patrones delictivos marcados por acciones organizadas entre varios adultos y perpetradas de manera masiva dentro de un plantel escolar”.

Las entidades donde se han documentado y litigado estos casos son la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca. Sin embargo, el informe refiere un centenar de casos más en los cuales hubo denuncias de abusos a menores en escuelas, pero se desconoce si hubo detenidos, si se siguen investigando o si quedaron impunes.

La ODI ha documentado, a lo largo de las últimas dos décadas, los casos con más de un centenar de menores entre las víctimas de estos grupos. El informe indica: “Numerosos preescolares y primarias han sido capturados y utilizados como espacios para la comisión de delitos de explotación sexual infantil en línea”.

El documento, coordinado por la maestra Margarita Griesbach Guizar y presentado por los académicos y activistas Karina Ansolabehere, Maite Azuela, Lydia Cacho, Denise Dresser, Manuel Gil Antón, José Guevara, Lorenzo Meyer, Juan Martín Pérez y Luis Daniel Vázquez, refiere con detalles un problema de dimensiones mayores en materia de explotación sexual infantil, pederastia y pornografía en las escuelas públicas y privadas de México.

La narrativa de lo que se oculta en las aulas, en los patios, en las oficinas de los directores de escuelas de todo el país es que: “De manera consistente, niños y niñas describen ser penetrados con jeringas con agua, con popotes o con papeles sucios, incluso manchados con excremento”.

También describen ser ahorcados u obligados a lastimar a otros compañeros y compañeras; además, “niños y niñas refieren ser grabados o fotografiados”.

El material realizado por las bandas de delincuentes, habilitados como profesores, nunca fue encontrado ni tampoco se investigó —por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR)— a quienes trabajan o financian la red de pornografía infantil.

En el Jardín de Niños Andrés Oscoy, en Iztapalapa, los padres de familia y vecinos nunca imaginaron el terror que vivieron cientos de alumnos durante años.

Sólo 30 familias denunciaron. En 2011, la PGR contactó a la ODI para solicitar apoyo legal para las víctimas, todas de entre tres y cinco años de edad.

“De las testimoniales de 19 niños y niñas de entre tres y cinco años se detecta que nombran a 10 personas como agresores directos, que incluyen desde a la directora del plantel y maestras hasta al personal de intendencia, e incluso al hijo adolescente de uno de los maestros”.

Las narraciones de los preescolares sobre el infierno que vivieron exponen que las agresiones se registraron en diversos sitios del plantel. “La mayoría de los niños y niñas refiere que fueron agredidos en un baño. Sin embargo, otros mencionan la oficina de la dirección y un cuarto de drenaje”, así como lugares abiertos, como el patio o un salón.

Por meses o años nadie en la Secretaría de Educación Pública (SEP) se enteró de lo que ocurría en esta escuela ni investigó o cuestionó que 10 de sus funcionarios estuvieran dedicados a la explotación sexual infantil.

Al menos 13 de los niños refieren tocamientos y actos de violación equiparada. Tres de ellos describen haber sufrido violación, 11 dicen haber sido golpeados, algunos narran que adultos se exhibían ante los alumnos o que exhibían la agresión en contra de un pequeño frente al grupo. Varios describen actos sexuales entre adultos que toman lugar durante la agresión.

“Entre las narraciones de las víctimas, algunos refieren ser amarrados o amordazados y una niña dice haber sangrado. Además de altos niveles de violencia, las víctimas refieren dinámicas y rituales grotescos”, que eran hechos pasar como juegos.

En 2008, la ODI representó el caso de una niña de cinco años por abuso sexual en un preescolar privado, que por seguridad de las víctimas y por no ser información pública se denomina en el informe como “Caso A”.

“La pequeña menciona a hasta seis adultos involucrados (...) y refiere que el abuso se comete en contra de ella junto con otros compañeros y compañeras. Describe prácticas ritualistas, el uso de disfraces y puestas en escena”. La narrativa del caso es atroz.

Sin ningún tipo de trámite, control en los accesos del plantel o vigilancia por parte de las autoridades de la SEP, la niña fue sacada de la escuela en un coche y trasladada junto con otros compañeros a una casa en la que había adultos extraños. La menor describió eventos de sedación y en una ocasión, por lo menos, refirió la presencia de bebés como víctimas del abuso.

El caso no llegó a juicio. Imprudentes o deliberadas filtraciones de la entonces Procuraduría de Justicia del Distrito Federal obligaron a la familia a desistir de denunciar por temor a represalias. No son casos aislados.

La forma de operar de estos grupos de explotación sexual infantil se repite. En 2011, la ODI recibió numerosas denuncias de abuso sexual en el preescolar público Laura Elena Arce Cavazos, en Cuautitlán, Estado de México. Ante la procuraduría mexiquense, se acusó a seis adultos como agresores de niños.

“Describen ser victimados en diversos espacios de la escuela”. Son los patrones delictivos, con saña inaudita. Tres niños muestran cortadas en las piernas que, dicen, fueron infligidas por algún maestro con un cuchillo durante la agresión. Tres de los 10 declarantes describen que les tomaban fotografías o video.

En la “Ciudad innovadora y de derechos” que presume el gobierno capitalino, los casos, las historias y el terror para los niños se repiten. En 2018, la ahora Fiscalía General de la República (FGR) contactó a la ODI para atender el caso de un preescolar público en la capital del país. Por tratarse de una investigación aún activa, sólo lo identifican en el informe como “Escuela B”.

Nuevamente, abusos masivos a plena luz del día, en el patio de la escuela, en el baño o los salones; 16 niños y niñas describieron a más de un adulto presente en el momento del abuso.

En total, 11 adultos que laboran en la escuela son mencionados, incluyendo a la directora, a varias maestras, personal de intendencia y, paradójicamente, hasta un supervisor pedagógico. Todos, empleados de la SEP; todos, juntos, abusando de menores de entre tres y cinco años.

El tráfico de niños trasladados de una escuela a otra o a domicilios particulares se repite como práctica común de estos grupos. Dos menores declararon que en el momento de la agresión se encontraban presentes niños y niñas que no eran de su escuela. Una decena de niños, lo mismo que en otros casos, refiere cómo los sacaban de la escuela, los subían a automóviles y los llevaban a casas donde eran abusados.

En el caso de la “Escuela B”, los menores “refieren ser obligados a realizarse tocamientos entre los propios niños y niñas, sufrir agresiones físicas y presenciar la exhibición de un adulto frente al grupo, o incluso observar actos sexuales entre dos o más adultos”.

También en este caso cuatro menores describen la presencia de cámaras.

“Si bien este dato puede no ser relevante para el niño o niña que carece de comprensión sobre temas de explotación sexual digital, es un elemento sumamente importante para entender posibles explicaciones de lo sucedido”, añade el informe.

La explotación y abuso sexual infantil por pedido en línea implica que el perpetrador que solicita y dirige el acto se encuentra físicamente distante de las víctimas. Comúnmente, el material se consume desde su hogar, incluso en un país distinto al lugar en el que se comete el abuso.

Sea a través de contacto directo con el agresor sexual o a través de un intermediario, el perpetrador indica qué actos desea que sean producidos por el agresor o los agresores en contacto con los menores. El abuso sexual infantil es comúnmente transmitido en vivo por medio de redes sociales comerciales encriptadas.

Además de estos casos, el informe documenta otros ocurridos desde 2001 hasta la fecha en escuelas de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Oaxaca, Morelos y San Luis Potosí, que podrían involucrar a un número mucho mayor de víctimas y en donde se desconoce si los profesores e involucrados fueron sentenciados o están libres dando clases.