CAMPECHE, Camp.- Habitantes de los barrios La Ermita, Camino Real y Santa Lucía, en esta capital, así como de la ciudad de Candelaria, quienes se resisten a ser desplazados por el Tren Maya denunciaron que persiste la intimidación y el hostigamiento por parte del gobierno federal para obligarlos a retirar sus demandas de amparo contra la obra.  

A unas horas de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador para supervisar el avance del proyecto emblema de su gobierno, los inconformes insistieron en su clamor de reubicar el trazo de la vía en lugar de someter a desalojos forzados a miles de familias que, aseguraron, han vivido ahí por generaciones y llegaron antes que el tren.  

Los denunciantes manifestaron que representantes del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) condicionaron las negociaciones para la reubicación, al desistimiento de las demandas de amparo que promovieron contra el desalojo forzado, lo que tiene desfasados los trabajos. 

“En repetidas ocasiones indicaron que, si no nos desistíamos de los amparos, luego no se nos iba a dar una nueva casa como indemnización por el desalojo. Ese mismo mensaje nos ha llegado por personal de Fonatur y otras autoridades, quienes nos insisten en que si queremos negociar debemos primero desistirnos de los juicios de amparo”, subrayaron. 

De igual manera, aseguraron que, durante el reciente proceso electoral, Morena les hizo llegar el mismo mensaje. 

También denunciaron que en diversas páginas de redes sociales “han circulado ataques en contra de voceras de nuestra causa, acusándoles de recibir dinero de organizaciones de derechos humanos para confundir a la gente”.  

“Esta campaña de mentiras, así como de chismes que se han encargado de circular en nuestros barrios y comunidad, se acompañó de la filtración de datos sensibles en medios de prensa para estigmatizar y acusarnos de formar parte de una conspiración contra el gobierno”, añadieron. 

Y aseguraron que debido a que su lucha social y judicial “ha logrado hasta ahora evitar los desalojos, las autoridades acuden ahora a la intimidación, llegando incluso a condicionarnos la entrada de programas sociales si no nos desistíamos de los juicios”.