Distintos grupos organizados, que promueven y defienden los derechos humano,s denunciaron la detención de Kenia Inés Hernández Montalván, coordinadora del colectivo Zapata Vive, ocurrida la noche de este sábado en el Estado de México.

Antonio Lara, abogado del Centro Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, informó que la activista fue detenida junto con dos menores de edad por elementos de la Secretaría de Seguridad del Edomex. Ahora, la mujer está presa en el penal de Chiconautla de Ecatepec y los menores en el centro para adolescentes Quinta del Bosque, de Zinacantepec. Asimismo, el representante legal afirma que se les “fabrica” el delito de robo con violencia.

Desde 2019, Hernández Montalván es una perseguida política en el estado de Guerrero, lugar del que se tuvo que desplazar por intentos de judicialización. Por tal motivo se convirtió en beneficiara del Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Por medio de redes sociales, las organizaciones civiles condenaron la detención ocurrida en la caseta Hortaliza-Valle de Bravo. También aseguraron que los menores de edad fueron golpeados, ella fue amedrentada con un arma de fuego, les robaron sus pertenencias y que a ninguno de los tres se les dijo el motivo de su aprehensión.

El operativo para detener a Kenia Hernández inició cuando ella circulaba cerca de la zona, hasta que trabajadores de la caseta y vehículos adscritos a la SSE los rodearon, les bloquearon el paso y después llegaron ocho patrullas más de donde bajaron los elementos que realizaron la captura.

Las organizaciones civiles aseguran que la orden de detención no está debidamente acreditada y fue hasta el domingo que notificaron oficialmente que el arresto se realizó por un supuesto cargo de robo con violencia.

De tal modo, alrededor de 70 organizaciones sociales exigen al gobierno federal y estatal liberar a Kenia y a los menores detenidos junto con ella, así como garantizar sus derechos humanos y jurídicos ante este incidente. También apelan al mecanismo de la Segob para la especial protección de la activista.

De entre las organizaciones que alzaron la voz por Hernández Montalván son el Comité de Víctimas por Justicia y Verdad de Nochixtlán, la Defensoría de Derechos Humanos por la Justicia, Cencos, el Centro de Derechos Humanos Consejo de Gobierno Comunal Indígena de Arantepacua, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Coordinadora de Personas Desplazadas de Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y algunos grupos de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México.

En poco tiempo, ciudadanos de distintos países han manifestado su desencanto sobre los abusos policiacos. En especial a partir del homicidio cometido en flagrancia de George Floyd, en Minneapolis, por parte de cuatro policías. En México se registró el homicidio de Giovanni López, quien el de mayo fue presuntamente ultimado por tres policías del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

El caso del mexicano de 30 años cobró relevancia en redes sociales después de que se le comparara con el de Floyd, de tal razón que el jueves 4 de junio se conminó a una mega marcha en el Palacio de Gobierno de Guadalajara para exigir justicia a este caso y evitar más abuso policial. Sin embargo, en la marcha se registraron más casos de abuso policial.

El viernes 5, se replicó una marcha en la Ciudad de México en donde cientos de inconformes se manifestaron en la colonia de Polanco para exigir justicia para López y Floyd. Y, al igual que en la capital jalisciense, en la CDMX se registraron nuevos casos de abuso policiaco, como el ocurrido en agravio a la menor de edad Melanie Martínez, pues en varias grabaciones que corrieron en distintas redes sociales se muestra a un grupo de policías patear a la chica de 16 años en el piso. Esto ocurrió cuando la manifestante ya no mostraba resistencia a la detención e incluso la patean directamente en la cabeza.

Ante lo ocurrido en la capital del país, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la capital del país, solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) investigar el presunto abuso policial durante las manifestaciones, con el fin de fincar responsabilidades y sanciones adecuadas a los policías involucrados “así como su línea de mando, sin importar el cargo de los implicado”.