CDMX.- Sobre las baldosas rojas, en sillitas plegables negras y elaborados sillones blancos de metal, una decena de vecinas de los barrios Camino Real, La Ermita y Santa Lucía, en Campeche, se preocupan por su futuro. Sobre la mesa, una serie de carpetas, con títulos como Fotos de casas antiguas, Recibos de pagos de impuestos de 1950, Censo 1930 o Descarrilamientos del año 2000. Son las armas en la batalla que este colectivo mantiene contra el Tren Maya y lo que las autoridades llaman “relocalización consensuada”. 

Ellos prefieren nombrarlo como “desalojo forzoso”.

A un metro y medio de este hogar de pescadores se ve el problema. Un par de rieles que atraviesan por más de 2 kilómetros los tres barrios, afectando a casi 300 casas y negocios. Su derecho de vía lo quiere usar el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para construir el Tren Maya. Por razones de seguridad no puede haber viviendas ni inmuebles a 20 metros de cada lado del eje, que estará vallado. Según documentos oficiales del Fonatur 294 de los 724 kilómetros ya en construcción tienen “invasiones”, con mil 718 puntos en esa franja de 40 metros.

Es decir, en 40 por ciento del trazo hay una problemática potencial como la de estos barrios o la del pueblo de Candelaria, en el sur de Campeche: vecinos que opinan que “desalojo forzoso” es un término más adecuado que “relocalización consensuada”. 

La decena de vecinas opinan lo mismo que Guadalupe Gutiérrez, una mujer de 63 años y cabeza de esta defensa de hogares. “No somos invasores. Yo aquí nací. Somos ya cinco generaciones de mi familia. Aquí rezo a mis muertos, aquí vivieron mis abuelos y de aquí salieron mis hijos. De aquí no me voy”, dice en el zaguán de su casa, pintada de morado.