Juan Salas Aguirre, alcalde de General Cepeda, interpuso una denuncia formal ante la delegación de PGR de la región sureste en contra de quien resulte responsable debido a que la anterior administración municipal pagó a empresas fantasmas 270 millones de pesos por al menos tres obras públicas que no se realizaron o quedaron a medias.

Según el edil las obras no ejecutadas fueron la instalación de luminarias led en una colonia, y la realización de obras públicas con maquinaria del municipio que fueron facturadas a nombre de otra empresa.

“El cargador que tenía a cargo el municipio para compactar la basura fue sacado del relleno sanitario, fue puesto a disposición para poner bordos y hacer obras públicas, pero se facturó mediante otra empresa”, explicó Salas Aguirre.

Aunque inicialmente el edil sostuvo que no contaban con los exactos porque se trataban de obras no terminadas o no realizadas y pagadas a empresas fantasmas, sí sostuvo que uno de los proyectos tuvo un costo por 700 mil pesos, otro por 400 mil pesos.

El legislador panista Juan Carlos Guerra acompañó a Salas Aguirre a interponer la denuncia y quien reveló que el montó podría ser de 270 millones de pesos, aproximadamente.

Salas Aguirre refirió que esta investigación fue realizada durante los últimos dos meses por ña Contraloría Municipal, en la que también encontraron sustracción de documentos relacionados con las obras públicas:

“Hay falta de expedientes, falta de contratos, sacaron papelería oficial, sacaron carpetas de la contraloría integradoras de obras que no obran en manos de la presidencia municipal. Hemos citado a ex funcionarios de la administración para que den a su ver, y para que ellos citen a esas personas”, y destacó que dichos cobros nunca se dieron por vistos, por lo que fueron a investigar.

Ejemplificó que en San Antonio del Jaral se invirtió 1.5 millones de pesos en una cancha, aunque la obra no existe físicamente.

Finalmente, detalló que este es el principio de una serie de denuncias que se estarán realizado por desvío de recursos o delitos patrimoniales contra el municipio.

“El contralor sigue investigando y los abogados siguen tomando en cuenta si el delito o supuesto delito aplica a una u otra instancia”.