El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, presentó personalmente ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina una denuncia formal contra integrantes del denominado Cártel Inmobiliario que operó durante la pasada administración y en el que se incluye a gente cercana al exjefe de Gobierno y hoy senador de la República, Miguel Ángel Mancera Espinosa. Los delitos que les imputan son operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito.

Estas operaciones detectadas no han sido cuantificadas en la investigación tanto por las autoridades federales como locales, pero rastrean el origen y la dispersión de los recursos.

La denuncia fue presentada el 24 de septiembre y quedó asentada en el inicio de la carpeta de investigación CI-FIAR/B/UI-2 S/D/00006/09-2020, en la fiscalía de asuntos relevantes, y aunque el expediente solamente cuenta con dos hojas hasta el momento, se sabe que Nieto Castillo señaló como imputados a los amigos de Mancera Espinosa, quienes presuntamente impulsaron la construcción de desarrollos inmobiliarios, dieron permisos y otorgaron contratos en su administración.

En el documento consultado por EL UNIVERSAL se puede leer como acusados a los hermanos Raúl y Alejandro Ruiz Herrera, quienes trabajaron en las notarías 215 y 233, respectivamente; además, del notario 215, Uriel Oliva Sánchez, todos cercanos al exjefe de Gobierno.

En la querella también se imputa el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito a Fausto Ernesto Galván Escobar, excoordinador General de Gestión para el Crecimiento y Desarrollo, de la Secretaría de Desarrollo Económico, puesto que le fue otorgado por Mancera Espinosa en 2013.

Aparece en la denuncia la actual pareja sentimental de Galván Escobar, María Vanessa Arroniz Sehedi, quien fuera representante legal de las desarrolladoras BAITA y DEKAH, ambas empresas ligadas al exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Simón Neumann.

También se encuentran el abogado Fabio de la Peña Colonna, Diana Marcela Carrillo Liceaga y Rafael Mendoza.

El columnista de EL UNIVERSAL, Mario Maldonado, adelantó el 22 de septiembre la forma en la que el cártel operaba en la Ciudad de México.

Da cuenta que las investigaciones apuntan a que un grupo de notarios habría simulado operaciones, ocultado folios reales y números de escrituras para evitar su localización en el Registro Público de la Propiedad e, incluso, permitieron el uso de prestanombres en procesos de cambio de uso de suelo.

De acuerdo con el documento consultado, Nieto Castillo refirió: “Se realizó un análisis de la información recabada de nuestras bases de datos, identificándose operaciones realizadas por las personas señaladas, en las que se describe que probablemente han participado en la comisión de hechos considerados como delictivos, entre ellos el de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

La UIF realizó un rastreo y encontró que varias personas tienen cuentas bancarias en el extranjero, como el presunto caso de Uriel Oliva Sánchez.

Otro de los notarios bajo investigación, es el 233, y aunque no fue señalado en el inicio de la investigación, fuentes de la fiscalía refirieron que hay averiguaciones previas y carpetas que fueron detenidas durante la administración mancerista.

Aunque no han sido agregadas al expediente, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene los reportes de estas cuentas, algunas han sido congeladas.