La organización Fray Juan de Larios, manifestó que los gobernadores del Noreste que en las últimas semanas han generado acuerdos para endurecer sus medidas contra el COVID-19 han sobrepasado derechos establecidos en la Carta Magna, y hace un llamado a tomar en cuenta los criterios internacionales en materia de derechos humanos para mitigar la pandemia.

Al considerarlas inconstitucionales, la organización defensora de derechos humanos se pronunció contra las medidas que han tomado en conjunto los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, así como presidentes municipales, donde se incluyen la imposición de multas, retenes, toques de queda, limitación a los derechos de libre tránsito y uso de la fuerza pública para personas que no acrediten actividades esenciales.

“La crisis sanitaria que vivimos no faculta a los gobernadores o presidentes municipales a implementar medidas de restricción a los derechos humanos y garantías como retenes, multas, restricciones de viajes y mucho menos da carta abierta a que las autoridades puedan hacer uso de la fuerza de manera desmedida o discrecional, por lo tanto, dichos actos son inconstitucionales”, expresó.

En ese sentido, la organización refirió que estas medidas solo pueden ser tomadas siempre y cuando haya sido declarado un Estado de Excepción que debe ser decretado por el Presidente de la República y aprobado por el Congreso de la Unión.

“Exhortamos a las autoridades de los diferentes ámbitos de Gobierno, a retomar las directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por COVID-19, propuestas por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como la Guía de Derechos Humanos para las medidas por el COVD-19”, expresaron.

Por otro lado, agregaron que es necesario que las autoridades cumplan la garantía de evitar actos estigmatizadores y discriminatorios de las poblaciones que están sufriendo por el contagio del SARS-CoV2.

En su comunicado, la ONG solicitó a la autoridad cuatro puntos, entre los que establece que, en caso de decretar Estado de Excepción se detallen restricciones, medidas y tiempos, además de contemplar los mensajes para lenguas indígenas, y por otro lado, reiteraron la urgencia de que el Consejo de Salubridad General emita de manera inmediata el Protocolo de carácter general para el tratamiento de cuerpos sin vida a causa del COVID-19, en torno a la exigencia de que éstos no fueran incinerados debido a la otra emergencia, como lo son las desapariciones.