Ángela Hernández, la madre de que ha denunciado que bajo irregularidades la separaron de su hijo, denunció ayer que el Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer de Torreón (CJyEM) le inventó un dictamen para arrebatarle al menor. 

“Realizaron un dictamen médico en el Hospital General con una cédula falsa, con mi firma falsa y así lo presentan en el juzgado familiar”, afirmó.

En esta presunta irregularidad identifica a dos funcionarias que participaron y fueron denunciadas ante Derechos Humanos: Natalia Guadalupe Fernández, entonces titular del CJyEM, e Irma Mayela Gómez Reyes, delegada de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia, quien antes había sido su abogada.

“En el informe que rinde Natalia dice que yo había tratado de suicidarme, que inclusive me habían llevado al Hospital General, nuevamente usan el Hospital General para una cochinada, era falso”, acusó.

Al conocer que este dictamen era falso, el juez de lo familiar que lleva el caso de su separación con Roberto Barrios, desestimó el documento, sin embargo, afirma que los representantes legales de su aún esposo han hecho mención de este dictamen en alegatos ante autoridades. 

En contraparte del documento señalado como falso, los dictámenes realizados por el Centro de Evaluación Psicosocial del Poder Judicial, le favorecen a ella, según señaló. 

“En el dictamen aparece que yo fui maltratada por José Roberto Barrios y que hubo violencia psicológica, física, económica y de género durante mi matrimonio y que tengo cierto daño pro todo lo que me hizo, pero que a pesar de todo esto, soy una persona estable, que puede tener la guardia y custodia de mi hijo perfectamente”, aseveró Hernández.  

La joven sostuvo que ella identifica una “mano negra” del CJyEM y Pronnif, al haber “un interés político y económico de parte del abuelo paterno”, Rogelio Barrios quien fue funcionario estatal con Rogelio Montemayor.