En México el estado de violencia generalizada se ha agravado desde la década de 1980 y lamentablemente, en los últimos dos años el país ha enfrentado la peor crisis de derechos humanos de todo el hemisferio según Amnistía Internacional. Mientras en el exterior enarbolamos la causa en favor de los derechos humanos, la impunidad y la corrupción al interior empeoran la situación de abusos e inestabilidad que en términos de seguridad y procuración de justicia azotan al país.

Para ilustrar esta realidad encontramos que hasta octubre de 2017, en México se registraron casi 24 mil homicidios dolosos, cifra que supera el total del año pasado; esto se traduce, en promedio, en una víctima cada 16 minutos. Asimismo, a finales de 2016, había casi 30 mil personas desaparecidas. El escenario para las mujeres preocupa aún más, dado que actualmente siete de los doce feminicidios diarios en América Latina, suceden en nuestro país. No sorprende entonces, que sean ya doce las alertas de violencia de género contra las mujeres en el territorio nacional.

Adicionalmente, con el homicidio de 34 defensores de derechos humanos desde 2016 y doce periodistas en lo que va de 2017, México se posiciona como el país con el mayor número de muertes violentas contra periodistas —incluso rebasando a Siria— con el último ocurrido hace tres días. La situación empeora al notar que en 2017 nos ubicamos como el cuarto país más impune y en 2016 ocupamos el lugar 123 dentro del Índice Global de Percepción de Corrupción. Mientras ejercer la libertad de expresión siga cobrando vidas de periodistas y miles de muertes permanezcan impunes, nuestra democracia se encontrará en riesgo.

Este año hubo importantes avances legislativos en este rubro, como las Leyes Generales en materia de tortura y de desaparición forzada de personas y cometida por particulares. Sin embargo, la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que pretende imponer un permanente estado de excepción a través del reconocimiento legal del despliegue de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública sin un debido control y transparencia, representa un marcado retroceso a estos esfuerzos.

Tras años de presencia militar que alcanza a 26 estados, las cifras difícilmente demuestran mejora en los índices de violencia. Sólo en 2017, más de 50% de las quejas llevadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por privación de la vida fueron contra las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional. En cuanto a desapariciones forzadas, más de 35% se impusieron contra la primera; y por trato cruel, inhumano o degradante más del 14% contra la segunda.

En un país con profundas desigualdades, donde las oportunidades son escasas, la expectativa de crecimiento es limitada, y la corrupción e impunidad continúan fragmentando nuestra sociedad, es absurdo pensar que la construcción de un modelo de seguridad sustentado únicamente en el uso de la fuerza será la solución que México tanto necesita.

2018 dibuja un escenario de importantes retos para nuestro país. Además de los graves problemas de seguridad, impunidad, corrupción y la impredecible relación con Estados Unidos, será un año de definiciones políticas de gran calado. Las elecciones de julio próximo renovarán la Presidencia de la República, el Senado de la República y la Cámara de Diputados.

Además, en 30 entidades federativas habrá elecciones locales y 9 de ellas elegirán a su gobernador. Más que nunca, México demanda un proyecto de Nación en cuyo centro se coloque a las personas y sus derechos. Solo priorizando a éstas, la reconstrucción del tejido social y el combate real a la impunidad, podremos garantizar la seguridad ciudadana y detonar un entorno de verdaderas oportunidades y prosperidad para todos.

Twitter: @GabyCuevas

Por Gabriela Cuevas
(Senadora por el PAN)