Por Claudia Ramos (@malamadremx) para Animal Político

Un total de 200 académicos, científicos, investigadores, organizaciones, pueblos y colectivos llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a reconsiderar la consulta programada este 23 y 24 de febrero, para decidir sobre la activación de la termoeléctrica en Huexca y la continuidad del Proyecto Integral Morelos (PIM).

En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió anoche medidas cautelares para que la Secretaría de Energía (Sener), la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y el gobierno del estado de Morelos establezcan mesas de diálogo y negociación en las cuales se pondere y reflexione sobre las condiciones para la realización de la consulta, a fin de que esta sea previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, y cuente con los estándares nacionales e internacionales en la materia.

La decisión se tomó luego de que integrantes de distintos pueblos originarios de los estados de Tlaxcala, Morelos y Puebla fueran atendidos el pasado martes en la CNDH, en donde manifestaron que la falta de información integral sobre la operatividad y viabilidad del proyecto ha provocado “un clima de hostilidad” en las comunidades por la existencia de grupos “antagónicos o provocadores” y, sobre todo, ante los riesgos inminentes que dicha consulta traería por la pretensión de avalar la implementación del proyecto sobre un área de origen volcánico y de alta sismicidad.

Horas después, por la mañana de este miércoles 20 de febrero, fue asesinado a balazos Samir Flores Soberanes, líder opositor a la termoeléctrica.

La CNDH subrayó en un comunicado que la adopción de estas medidas tiene como finalidad “coadyuvar de manera preventiva a las autoridades en la solución de una situación de conflicto”, sin prejuzgar los hechos ni oponerse a la realización de proyectos de desarrollo, siempre y cuando estos respeten los derechos y prevean no vulnerar las prerrogativas de quienes pudieran resultar afectados por los mismos.

Mientras tanto, en una carta abierta dirigida a López Obrador, académicos, activistas y pobladores manifestaron por escrito el malestar expresado previamente en la CNDH: que la votación de este fin de semana “dista de cumplir con los requisitos democráticos para considerarse válida”, toda vez que se realiza sin acuerdo de los pueblos afectados por el proyecto, principalmente los indígenas; sin la suficiente información y deliberación para decidir al respecto, y sin que los pobladores cuenten con un espacio equivalente al que tiene el presidente en los medios de comunicación para ser escuchados.

Es decir, no cumple con los mandatos propuestos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), distintas sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos indígenas, para que los pueblos afectados otorguen o no su consentimiento para la realización de proyectos de inversión y desarrollo.

“En todos los casos ese consentimiento debe lograrse a través de las instituciones comunitarias de los pueblos, así como de un proceso acordado con los sujetos sociales que permita la información y deliberación respetando sus formas culturales, sus lenguas y, en especial, los modos de decisión de los propios pueblos afectados. Si consideramos estos mandatos que se desprenden de la ley, la consulta convocada desde la presidencia está muy lejos de responder a dichos criterios ya que no es un proceso sino una votación, se realiza sin acuerdo alguno con los pueblos afectados y se lleva a cabo de manera precipitada, lo que implica un tiempo a todas luces insuficiente para la información y la deliberación”, indica la carta dada a conocer este jueves.

“Pero aún más”, precisa, “no cumple con los requisitos de equidad de participación ya que usted como Presidente de la República -que goza de una alta popularidad- es quien impulsa la consulta y a la vez quien promueve ahora el funcionamiento de la termoeléctrica, sin que las voces de los pobladores tengan un espacio equivalente en los medios de comunicación para ser escuchadas. Dicha consulta no pondera, además, entre afectados directos e indirectos, soslayando entonces a quienes tienen derecho a la consulta: los pueblos indígenas”.

Los firmantes enfatizaron que es comprensible que muchos de los pueblos afectados rechacen una consulta que “no cumple con la ley y sus derechos”, y con mucha más razón cuando recuerdan las palabras que López Obrador dijo en 2014 en Yecapixtla, Morelos, respecto a que defendería “con todo” lo que pudiera a los pueblos para que ese gasoducto y esa termoeléctrica no se construyeran, y cinco años después sea “el principal promotor del proyecto”.

El Frente de Pueblos en Defensa del Agua, la Tierra y el Aire, de Morelos, Puebla y Tlaxcala ha denunciado que el PIM implica un riesgo por la construcción de un gasoducto en las cercanías del volcán Popocatépetl, y ha denunciado la utilización, acaparamiento y contaminación del agua por el proyecto.

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