Ciudad de México. Ante la emergencia sanitaria por el Covid-19, organizaciones, comunidades y colectivos en defensa del medio ambiente demandaron al gobierno federal detener la construcción del Tren Maya, toda vez que el acuerdo firmado para atender la pandemia establece la cancelación de labores no esenciales para no poner en riesgo a la población.

Sin embargo, las organizaciones acusaron que en el párrafo segundo del acuerdo publicado en el diario Oficial de la Federación el pasado 31 de marzo, el gobierno de la República pretende mantener las actividades relacionadas con el proyecto denominado “tren maya”, a pesar de que su construcción no es esencial en el contexto de la actual pandemia.

Explicaron que el citado convenio “establece claramente que todas las actividades de producción de acero, cemento y vidrio que tengan contratos vigentes con el gobierno federal deberán continuar para cumplir con los compromisos a corto plazo de los proyectos Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles y el Corredor Transístmico, aun cuando los convenios en la materia establecen el cierre de todas las actividades no esenciales en el país hasta el 30 de abril de 2020 con la finalidad de impedir se siga propagando la enfermedad”.

Por lo anterior, las organizaciones, colectivos y comunidades firmantes manifestaron su preocupación “que frente a la emergencia sanitaria que se ha generado a nivel mundial por la aparición del Covid-19, el gobierno federal pretenda mantener las actividades relacionadas con el proyecto denominado Tren maya, a pesar de que su construcción no es esencial en el contexto de la actual pandemia”.

Aseguraron que esa determinación “pone en riesgo la salud y la vida de los trabajadores que tendrán que continuar con las obras derivadas del citado proyecto, así como de la población, mayoritariamente indígena, afectada por el mismo”.

Destacaron que el propio gobierno ha resaltado la importancia de mantener la cuarentena y evitar toda aquella actividad que no sea indispensable para la subsistencia de las personas, situación que no aplica en este caso.

Además, de continuar con la edificación del Tren Maya en el actual contexto, “genera un estado de indefensión hacia aquellas personas y comunidades que han manifestado su rechazo u oposición al proyecto”.

Por lo que, ante la falta de normalidad en el funcionamiento de los tribunales, se debe garantizar la posibilidad de que las personas, comunidades o colectivos puedan ejercer su acceso a la justicia para impugnar cualquier acto u omisión del proyecto.

Señalaron que “pareciera que el gobierno federal se aprovecha de la actual coyuntura para avanzar, sin el riesgo de oposición, en la continuación de un proyecto que ha sido cuestionado por diversos sectores y cuya opacidad ha generado la emisión de una orden de suspensión por parte de un Juez Federal ante un amparo presentado por comunidades de Calakmul y Candelaria”.

Asimismo, acusaron que “es materialmente imposible realizar solicitudes de información con respecto al avance del proyecto debido a la suspensión de plazos ante los institutos estatales y el instituto federal en materia de transparencia”.

El acuerdo que ordena mantener la construcción del llamado Tren Maya a pesar de la contingencia, dijeron, se suma a la opacidad y falta de información con la cual la Federación ha manejado este proyecto. Toda vez que se ha señalado la ausencia de información sobre los impactos ambientales, económicos y sociales que esa obra acarreará para la población afectada.

Recordaron que la consulta a las comunidades indígenas incluidas en el proyecto, entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre de 2019, “no se apegó a los mínimos establecidos por la normatividad internacional”, como el Convenio 169 de la OIT referente a consultas indígenas.

Incluso la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), manifestó que la consulta “no había cumplido con todos los estándares internacionales en la materia”, refirieron.

De igual forma, expresaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que los Estados poseen obligaciones procesales, como garantizar el acceso a la información relacionada con posibles daños ambientales, asegurar el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones sobre el impacto ambiental y el derecho de acceso a la justicia para hacer cumplir las obligaciones estatales relacionadas con el medio ambiente, situaciones que, hasta la fecha, no se han cumplido en el Tren Maya.

Por esa razón, expusieron, “nos preocupa que el argumento principal para continuar con la implementación del denominado Tren Maya sea el detonar el desarrollo de la Península, cuando la realidad es que no existe un proyecto definido ni la información necesaria para conocer sobre si el mismo beneficiaría a la población rural e indígena de la península”.

Aseguraron que hay información respecto a que dicho proyecto sólo “beneficiará preferentemente a empresarios de la construcción, generando despojo del territorio para las comunidades, desplazamiento de la población y sí acaso generaría empleos precarios, mal pagados y sin garantías de seguridad social”.

Por lo que las organizaciones, comunidades y colectivos pidieron al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, “suspenda la construcción del denominado tren maya y, con posterioridad a la emergencia sanitaria, inicie un proceso de diálogo real, serio, informado y equitativo que garantice los derechos a la información, y que cumpla con el Convenio 169 de la OIT, Declaraciones de la ONU y de la OEA con respecto a la participación, al medio ambiente sano, al territorio y a la libre determinación de las comunidades afectadas por dicho proyecto”.

Solicitaron a las Relatoras Especiales sobre Pueblos Indígenas tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como del sistema de Naciones Unidas y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que pidan la información necesaria y exhorten al Estado mexicano a que cumpla con sus obligaciones nacionales e internacionales y garantice los derechos fundamentales de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto, como el de la salud, principalmente.

El manifiesto fue firmado por Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, AC Red de Litigio Estratégico en favor de comunidades indígenas y campesinas de la Península de Yucatán, Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil SC Due Process of Law Foundation.