Recientemente el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), publicaron un estudio titulado “México, Anatomía de la Corrupción”. Conforme a dicho estudio el 91% de los mexicanos no confía en los partidos políticos, el 83% desconfía de los legisladores y el 80% no confía en el sistema de justicia.

Semejante realidad, respaldada por estadísticas formales elaboradas por instituciones respetables, coloca a la partidocracia contra la pared. Los mexicanos desconfiamos de los partidos políticos y, en general de las instituciones.

El desenlace que puede esperarse de esta situación, no se antoja positiva para el País.

Probablemente, este descrédito está orillando a los partidos políticos a utilizar una retórica anticorrupción sin precedentes, en sus discursos, propuestas y campañas. Primero el Sistema Nacional Anticorrupción que aprobó el Congreso de la Unión a propuesta del PAN, en particular de Ricardo Anaya. Ahora el propio PAN inaugura la lucha anticorrupción en el interior de los partidos y encomienda este esfuerzo a Luis Felipe Bravo Mena. No tengo duda de que, más pronto que tarde, los demás partidos harán lo propio.

Conforme al pensamiento de Aristóteles y según reza el Diccionario de la Lengua,  demagogia es la perversión o degeneración de la democracia, cito: “Degeneración de la democracia, consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder”. A eso me huele, precisamente, la llamada lucha anticorrupción que dicen enarbolar los partidos políticos.

Luis Felipe Bravo Mena es un hombre honesto y honorable, no tengo la menor duda, pero ni él ni nadie van a poder erradicar o al menos controlar la corrupción dentro del PAN. No tiene las armas para ello. Así como ha fracasado y fracasará el Sistema Nacional Anticorrupción, así habrá de fracasar el intento del PAN encomendado a Bravo Mena.

La razón es muy simple: la corrupción es un delito que debe combatirse en las instituciones de justicia del Estado que, lo estamos viendo, no sirven para nada. La solución a los problemas de corrupción en el PAN no está dentro del partido; sino en la reinvención de las debilitadas instituciones del Estado mexicano,  diseñadas para el autoritarismo y frente a las cuales los gobiernos emanados del PAN nada pudieron hacer.

Fui Secretario Técnico de la Comisión de Asuntos Internos del CEN del PAN, cuando Bravo Mena era su dirigente nacional. La Comisión estaba integrada por personas honorables, corría el año 2000, las ambiciones eran todavía moderadas. Conocí de primera mano la compleja dificultad de juzgar a una persona que aspira a cargos de elección popular o a dirigencias del Partido en sus diferentes niveles. ¿Con qué argumentos se descalifica a un aspirante, cuando no se es autoridad para procesar o juzgar el delito de corrupción?

El juicio es tan complejo que, en los países con democracias maduras, se deja a la sociedad, mediante votaciones abiertas, incluso para definir candidaturas de partido. Vemos ese escrutinio tanto en Europa, como en Estados Unidos, elección tras elección.

Preguntémonos: ¿Cómo definirán que una persona o agrupación es o no corrupta?, ¿dispondrán de algún método y equipo de investigación criminal para asegurarse de que el señalado es corrupto?, ¿cómo cuidarán la presunción de inocencia, para que no se cometan injusticias culpando a un inocente?, ¿tendrá reglas y procedimientos el juzgador?, ¿el inculpado tendrá derecho a defensa?, ¿sabrá el PAN que todas sus resoluciones serán impugnables en instancias judiciales?

Seguramente lo saben, por ello puedo asegurar que la medida es demagogia pura. Por ello mi sorpresa al enterarme que una persona tan honorable como Luis Felipe Bravo Mena aceptó la encomienda.

De un lado. Bravo Mena encabeza la lucha anticorrupción en el PAN; del otro, el autoritario gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, encabeza las negociaciones políticas del PAN. Semejante contradicción, ¿burla, ironía?, en realidad: demagogia pura. Los partidos son entidades de interés público y se sostienen con nuestros impuestos. Es nuestro derecho y obligación exigirles, para empezar, conguencia.

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