El dato se ha resaltado en múltiples ocasiones y claramente no estamos haciendo nada para reaccionar ante el hecho: las denuncias por delitos de carácter sexual en Coahuila crecen sin control y, todo haría indicar, sin que esta realidad preocupe a nadie.

De acuerdo con el reporte que publicamos en esta edición, en el cual se recogen datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el primer semestre de este año el número de carpetas abiertas se incrementó 69 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado.

Ya no basta decir que se trata de una situación preocupante. Lo que es preciso resaltar es que esta realidad constituye una convocatoria urgente para que las autoridades gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil y las personas en general reaccionemos ante esta auténtica “pandemia” de violencia sexual que se registra principalmente contra mujeres y niñas.

También resulta insuficiente limitarnos a voltear a ver hacia las instituciones públicas o reprochar a quienes las integran, la inexistencia de políticas públicas para la transformación de esta realidad. Lo que necesitamos es actuar, hacerlo pronto y de manera eficaz.

Pero para hacer esto antes debemos responder, al menos, las siguientes preguntas: ¿por qué estamos ante un repunte de casos? ¿Cuáles son los elementos que inciden en la proliferación de esta conducta? ¿Cuáles son los disuasores que debemos activar para detener el avance del fenómeno?

Estamos, y eso debemos asumirlo sin ambigüedades, ante una realidad que nos agravia a todos y por eso mismo es que todos estamos llamados a reaccionar ante ella. La condena social representa, en este sentido, la respuesta mínima en torno a la cual debemos unirnos sin fisuras.

Porque, como se ha dicho en repetidas ocasiones, las agresiones sexuales no pueden ser justificadas bajo ningún argumento y en ningún caso. Pero incluso en este sentido es preciso reiterar que los ataques en contra de menores de edad deben ser especialmente condenados.

Imposible conformarse ante los hechos; inaceptable cruzarse de brazos e ignorar las cifras. Nadie puede -ni debe- ser indiferente en estas circunstancias bajo el argumento de que no forma parte de las estadísticas.

Las autoridades gubernamentales tienen, desde luego, la responsabilidad de incentivar el diálogo colectivo, de promover la participación comunitaria en el proceso de analizar los hechos y, a partir de ellos, definir las estrategias que produzcan el único resultado posible y deseable: el abatimiento de la incidencia de este tipo de conductas.

Y si las autoridades no toman la iniciativa, entonces los ciudadanos debemos hacerlo. No solamente para proponer alternativas, sino para forzar a quienes tienen responsabilidades públicas a dedicar esfuerzos en este sentido y cumplir con sus deberes, porque esta pandemia necesariamente debe encontrar una vacuna.