De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las denuncias por delitos de carácter sexual en Coahuila se incrementaron casi 70 por ciento durante los primeros cinco meses de este año, en comparación con el mismo período del año pasado.

Ya eran demasiados los hechos denunciados previamente –441 casos– y los registrados este año –743, de enero a mayo– constituyen una realidad absolutamente inaceptable.

¿Cuál es la causa de que conductas que atentan de forma particularmente grave contra la dignidad de las personas registren una incidencia creciente? ¿Qué es lo que todos, como sociedad, estamos dejando de hacer para permitir esta lacerante realidad?

La primera respuesta que se antoja probable es la existencia de un clima de impunidad que, lejos de inhibir las conductas penadas por la ley, pareciera alentarlas. Tal hipótesis encuentra asidero en un hecho puntual: apenas el cinco por ciento de los hechos denunciados terminan siendo objeto de una sentencia por parte de los jueces.

Tal realidad prevalece a pesar de la creación, en los últimos años, de diversas instancias que teóricamente debieran reforzar los mecanismos de protección a las víctimas y, a partir de sus resultados, constituirse en un disuasor eficaz para quienes se ven tentados a incurrir en tales conductas.

Pero, como lo revela el reportaje publicado ayer por Semanario, quienes padecen el agravio de un atentado contra su dignidad y se atreven a denunciar los hechos, luego deben pasar por el calvario de verse revictimizadas por las propias autoridades que debieran protegerles.

Pero no es solamente la ineficacia de la autoridad en el cumplimiento de sus responsabilidades lo que prohíja esta situación. También explica esta realidad la ausencia de una cultura de condena social hacia las conductas que pretenden naturalizar el uso de la violencia en la recreación de la sexualidad humana.

En ese sentido, los padres de familia y, en general, todos los miembros de la sociedad tenemos la responsabilidad de rechazar, sin ambigüedades, el empleo de cualquier mecanismo de coerción en las relaciones interpersonales, particularmente aquellas que implican el contacto íntimo.

La sexualidad es un elemento inherente a la naturaleza humana, pero esta solamente es válida cuando se desarrolla de forma consensual y eso implica que ninguna de las partes puede ejercer presión, amenaza o cualquier tipo de violencia en contra de la otra.

El alarmante número de casos en los cuales esta regla se rompe refleja claramente un fallo general como sociedad y todos tendríamos que hacernos cargo de la parte de responsabilidad que nos corresponde en ello.

Las autoridades tienen, desde luego, la obligación de investigar, perseguir y castigar los casos en los cuales la agresión ya se ha registrado, pero lo más importante siempre será que no se acumulen nuevas víctimas porque cada uno de esos casos tan sólo nos retrata como una comunidad que no ha sido capaz de construir la mejor versión de sí misma.