De acuerdo con el Director General Adjunto de Dictámenes y Servicios Legales de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, dependencia de la Procuraduría General de la República, dicha instancia mantiene abiertas 19 carpetas de investigación relacionadas con hechos que podrían constituir delitos electorales presuntamente cometidos en Coahuila.

Luis Espíndola Morales, responsable del área, señaló que los hechos presuntamente constitutivos de delito se refieren, sobre todo, a intentos de alteración del Padrón Electoral y a condicionamientos del voto y que los involucrados en tales hechos serían funcionarios tanto federales como estatales radicados en la entidad.

Como corresponde al caso, el funcionario no reveló mayores datos de las presuntas infracciones, pues, dado que los hechos se encuentran en proceso de investigación, los detalles deben permanecer en reserva.

Entendiendo que las investigaciones deben permanecer en reserva, resulta importante preguntarse qué tanta convicción tienen las autoridades de la Fepade en el sentido de que los casos que investigan en Coahuila puedan efectivamente llegar ante un juez y producir sentencias condenatorias.
Porque de lo que se trata, en términos del interés colectivo, no es que se investiguen denuncias y las estadísticas de una dependencia como la Fepade se integren por indagatorias sobre “presuntos actos delictivos”, sino que el trabajo de dicha instancia produzca resultados concretos.

Tampoco se trata, por supuesto, de que en aras de “ofrecer resultados”, se lleve indiscriminadamente personas ante un juez y se busque –por encima del rigor que demandan los procesos penales– castigar a personas sin que se hubiera comprobado, más allá de cualquier duda razonable, su responsabilidad en los hechos que se les imputan.

Sin pretender que el ejercicio de la actividad de procuración de justicia se convierta en una “cacería de brujas” ni, mucho menos, que se viole la secrecía de las investigaciones, valdría la pena que la Fiscalía Especializada informara si considera tener en sus manos algún caso en el cual las investigaciones hayan conducido a la recolección de evidencias que apunten en la dirección de un caso sólido.

Y es que, a final de cuentas, si la comunidad tienen certeza de algo, es que cotidianamente se registran múltiples casos de violaciones normativas que deberían ser castigadas, pero que permanecen en la impunidad debido a múltiples causas, entre ellas la falta de rigor en la actuación de quienes debieran investigarlas.

Por ello, además de enterarnos de la existencia de un número importante de carpetas de investigación, sería importante que las autoridades de la Fepade nos dijeran si alguna de esas carpetas terminará produciendo una sentencia que ayude a lograr el objetivo que la sociedad desea: el combate efectivo de la impunidad en relación con la actividad electoral.