¿Qué es la cuarta transformación? Es el cambio de régimen. Es la eliminación de los vicios de la vida pública de México. Es desterrar la corrupción. Es mejorarlo todo por el pueblo y para el pueblo. Es construir el Estado de bienestar. Es nada ni nadie por encima de la ley.

Y para la 4T son tantas las modificaciones que tendremos que hacer en política, administración pública, legislación, justicia, educación, salud, entre otras áreas, que no será labor sencilla consolidar la transformación.

Tampoco serán actos de un sólo día, un solo hombre o de uno sólo de los Poderes de la Unión. Porque si aspiramos a que el progreso sea de largo aliento, no hay duda, tenemos que sumar entre todas y todos a la anhelada trasformación del País.

En este artículo, de entre tantos ejemplos de cambio necesario, hago énfasis en que las y los servidores públicos obligatoriamente habrán de arrancar además de la corrupción como práctica cotidiana, vicios que, aunque legales, ventajosos y poco éticos.

¿A qué nos referimos? Al histórico mal uso de programas sociales, padrones de beneficiarios, recursos financieros, materiales, informativos para hacer proselitismo y sacar ventajas políticas o electorales como servidores públicos. Aunque nos duela, debemos aceptar que estás practicas se han dado en todas las entidades, todos los partidos y durante décadas.

Sí, en la 4T hay delegados más preocupados por potenciar su imagen que por ser eficientes al pueblo. Porque como hemos dicho, son vicios que arrastramos como sociedad, pero que estamos dispuestos a eliminar. De ahí que, como representante popular, legisladora federal del grupo parlamentario morena, y en completa congruencia con el movimiento de regeneración nacional, con sus principios éticos y políticos, hacemos la tarea impulsando en la Cámara de Diputados una reforma a la Constitución en los siguientes términos:

a) Que la y el titular de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo y las y los titulares de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo en las 32 entidades federativas se encuentren restringidos para participar como candidatos a gubernatura del estado, a menos que se separen de sus funciones tres años antes del día de la elección; para participar como candidatos a diputaciones locales o federales y senadurías, a menos que se separen de sus funciones 1 año antes del día de la elección, certificando que no se malversarán electoralmente los recursos humanos, financieros e informativos adheridos a su cargo.

b) Que la o el titular de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo propuesto por el Ejecutivo deberá ser ratificado por la Cámara de Diputados a fin de establecer un orden político y democrático que implique el equilibrio y proteger los recursos públicos del Estado de conflictos de interés.

c) Que las y los delegados de Programas para el Desarrollo serán responsables por violaciones directas a la Constitución y demás leyes federales y generales, por el manejo de los recursos financieros, materiales, informativos y uso indiscriminado de los padrones de beneficiarios de los programas sociales.

d) Que la o el titular de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo pueda ser llamado a comparecer ante el honorable Congreso de la Unión cuando éste lo solicite, a fin de transparentar y rendir cuentas sobre el manejo y uso de los recursos públicos federales.

Finalmente, ¿se violan los derechos político electorales de funcionarios? No. Sencillamente se garantiza la transparencia y equidad de una competencia electoral. Se establecen métodos democráticos que reducen conflictos de interés, mal manejo de recursos públicos o uso indebido de padrones sociales.

Con hechos demostramos querer mejorar las cosas. En la 4T las instituciones y sus empleados deben estar para servir al pueblo.

…¿Usted qué opina?

@melbafarias1

Facebook: Diputada Melba Farías