El Tribunal Supremo de EU dejó hoy abierta la lucha entre religión y anticonceptivos al no decidir si algunos grupos religiosos pueden abstenerse de proporcionar seguros médicos con cobertura de métodos de planificación familiar, como requiere la ley sanitaria del presidente Barack Obama.

"La corte no expresa ninguna visión sobre los méritos del caso", señalaron los jueces del alto tribunal en una orden anónima, un formato inusual en la corte y con el que los magistrados devolvieron el importante caso a tribunales de menor rango para que vuelvan a sopesar la cuestión.

De esta forma, el Tribunal Supremo evitó evaluar si algunos grupos religiosos pueden ampararse en sus creencias y su libertad religiosa para quedar exentos del pago o la cobertura de métodos anticonceptivos dentro de sus planes de salud como parte de la reforma sanitaria promulgada en 2010 por Obama.

En la práctica, la decisión no benefició a nadie aunque intentaron apuntarse la victoria tanto la Casa Blanca como los grupos religiosos que interpusieron la demanda, entre los que destacan las Hermanitas de los Pobres, un grupo de monjas católicas dedicadas al cuidado de los ancianos sin recursos.

"Es solo una cuestión de tiempo que las cortes inferiores hagan esta victoria permanente", consideró en un comunicado Mark Rienzi, asesor de Becket Fund, el bufete que representa al grupo de monjas.

El caso fue presentado de forma conjunta al Tribunal Supremo, pero comprende 13 demandas que volverán a cortes inferiores, lo que evita que se siente un precedente a nivel nacional y elimina la posibilidad de que el Gobierno sancione a los que no quieren proveer anticonceptivos, apunta el analista judicial Lyle Denniston.

"Obviamente, estamos encantados con el anuncio del Tribunal Supremo de hoy. Permitirá que millones de mujeres de todo el país sigan accediendo al cuidado de salud que necesitan", afirmó por su parte el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, durante su rueda de prensa diaria.

La reforma sanitaria de Obama, conocida por sus detractores como "Obamacare", ya exime a las iglesias de amparar planes sanitarios con anticonceptivos, pero establece que grupos religiosos sin ánimo de lucro afiliados a estas iglesias, como escuelas y organizaciones caritativas, deben acogerse a una cláusula especial.

Bajo esa cláusula, los grupos religiosos pueden firmar un formulario e informar al Gobierno que no quieren cubrir los anticonceptivos con los planes de salud que están obligados a proveer y, entonces, el Ejecutivo toma el relevo y cubre los cuidados reproductivos de los empleados del grupo religioso.

Las organizaciones religiosas llevaron esa cláusula a los tribunales porque no quieren verse implicadas de ninguna forma en los planes de salud que permiten a las mujeres acceder sin la imposición de copagos a píldoras anticonceptivas, diafragmas, dispositivos intrauterinos y píldoras anticonceptivas de emergencia.

Aunque la orden de hoy no protege la reforma de Obama, permite al Gobierno crear un camino para que los empleados accedan directamente a los anticonceptivos sin necesitar la autorización de los grupos religiosos para los que trabajan, aseguró Denniston, que como periodista cubrió durante medio siglo el alto tribunal.

Al ser preguntado por esta cuestión, el portavoz de la Casa Blanca rechazó aclarar si Obama va a emitir nuevas medidas dentro de su reforma sanitaria para garantizar el acceso de anticonceptivos.

La orden de hoy llega en un momento complicado para el Tribunal Supremo, dividido entre cuatro jueces progresistas y cuatro conservadores tras la inesperada muerte, en febrero, del magistrado conservador Antonin Scalia, que habría sido un voto seguro a favor de los grupos religiosos.

Obama nominó como nuevo juez a Merrick Garland, pero los líderes republicanos del Senado han bloqueado su confirmación con el objetivo de que el encargado de elegir al sustituto de Scalia sea el próximo presidente, elegido en las elecciones de noviembre y que asumirá el poder en enero de 2017.

De este modo, como consecuencia de la división en el Tribunal Supremo y la devolución del caso a los tribunales menores, el veredicto final sobre la lucha entre religión y anticonceptivos no llegará hasta después de que Obama abandone la Casa Blanca.

Por tanto, el nuevo presidente que salga de las elecciones de noviembre será el encargado de rematar o eliminar la reforma sanitaria de Obama, que ha sido objeto de los ataques políticos de la oposición republicana y que recibió en dos ocasiones el aval del Tribunal Supremo, una vez en 2012 y otra en 2015.