El vocero para la defensa legal de la coalición “Por un Coahuila Seguro”, Iván Garza García, reiteró que el proceso de entrega-recepción del Gobierno de Coahuila iniciado esta semana, no sólo es un acto apegado a la legalidad, sino una obligación establecida por la ley para el gobernador electo de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís.

“El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que en materia electoral las impugnaciones no suspenden el acto reclamado, lo que significa que aún y cuando hay impugnaciones, el proceso (de renovación del Gobierno estatal) continúa, por lo que Miguel Ángel Riquelme Solís no tendría que esperar a que se resuelvan los recursos interpuestos en los tribunales para iniciar el proceso de entrega-recepción del Gobierno de Coahuila”, explicó.

Asimismo, Iván Garza agregó que la Ley de Entrega-Recepción señala claramente que una vez que el candidato ganador de la elección haya sido declarado Gobernador electo, éste tiene la facultad y el deber de llevar a cabo el proceso de entrega- recepción. 

Con ello, refutó los señalamientos del diputado local panista, Jesús de León Tello, quien se manifestó en el sentido de que la entrega-recepción iniciada por los gobernadores en funciones y electo, Rubén Moreira y Miguel Riquelme, respectivamente, era ilegal.

“Me llama la atención que (Jesús de León) siendo abogado haga este tipo de declaraciones que confunden a la ciudadanía; nada más falso”, señaló.

Garza García recalcó que, si bien es cierto existe un proceso de impugnación en curso, Miguel Ángel Riquelme recibió su constancia de mayoría como gobernador electo, por lo que puede y debe realizar este proceso de entrega-recepción.

Finalmente, Iván Garza García reiteró su confianza en que el Tribunal Federal Electoral validará la elección de Coahuila y quedará asentado que la coalición “Por Un Coahuila Seguro” no rebasó los topes de campaña.