En la sesión de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, celebrada el 16 de agosto del 2011, se dio entrada a la iniciativa del Ejecutivo en la cual solicitaba la autorización para la contratación créditos destinados al refinanciamiento de la deuda pública del Gobierno de Coahuila, en su gran mayoría contratada sin autorización del propio Congreso del Estado; es decir, violando lo establecido en la Constitución de Coahuila. Ese mismo día se turnó a la Comisión de Finanzas para su “estudio y, en su caso, dictamen”. 24 horas bastaron a sus integrantes para legitimar las operaciones financieras anticonstitucionales e hipotecar el futuro económico de la entidad. Un día más fue suficiente para que el dictamen de la Comisión de Finanzas se presentara ante el Pleno, en donde se movilizó la aplanadora legislativa del PRI para aprobar, con 26 votos a favor y cuatro en contra, este dictamen.

En la exposición de motivos de la iniciativa, el Ejecutivo buscó justificar el endeudamiento en la necesidad de impulsar una política para contrarrestar los efectos recesivos de la crisis de finales del 2008 y el 2009, mediante un incremento de las “inversiones públicas productivas” que estimularan el crecimiento de la producción y el empleo.

Se argumentaba que debido a una reducción de los ingresos, se acudió a la contratación de deuda para financiar el gasto público estatal.

Pero al revisar las estadísticas de las finanzas estatales proporcionadas por el Inegi, los créditos contratados en el 2009 fueron de solamente mil 242 millones de pesos (a valores constantes del 2005). De hecho, los ingresos netos del Gobierno de Coahuila, descontando los financiamientos, se incrementaron en el 2009 en relación al año previo en un 5.1 por ciento en términos reales, pues si bien los ingresos propios descendieron en un 23 por ciento y las participaciones federales en un 17.2, las aportaciones federales aumentaron un 22.3 por ciento. Los recursos netos de la federación al Estado en ese año crecieron un 5.9 por ciento en pesos constantes.

Para el 2010 la economía de Coahuila estaba en franca recuperación, no como resultado de las supuestas políticas contra cíclicas del Gobierno del Estado, sino producto del rescate en los Estados Unidos de América de las firmas automotrices norteamericanas con plantas de ensamble en la entidad, situación que permitió la rápida recuperación de las exportaciones de la industria automotriz en el Estado.

De haber existido la necesidad de contratar deuda para financiar el gasto de inversión en el ejercicio fiscal 2010, se habría contemplado en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de ese ejercicio fiscal, cosa que como ya vimos en colaboraciones previas no ocurrió. Tampoco se reportó esa necesidad en el Quinto Informe de Gobierno de Humberto Moreira, ni se vislumbró en los ingresos y egresos presupuestados para el 2011, mismos que fueron aprobados por el propio Congreso del Estado en diciembre del 2010.

¿Cómo justificar entonces la contratación ilegal de 21 mil 229 millones de pesos en el 2010 y de siete mil 500 millones más en el 2011 al amparo de un programa denominado “Cadenas Productivas”?

Sin ninguna evidencia real, en la exposición de motivos del decreto se presumía que la inversión pública productiva realizada con los recursos de la deuda permitió la rápida recuperación de la economía del Estado y “la disminución de los históricos niveles de  marginación en el Estado”. De esto último, los pobres de Coahuila ni se enteraron, pues en el portal de Coneval se pueden observar que, entre los años 2000 y 2010, la pobreza de ingresos por capacidades aumentó del 14.9 al 15.3 por ciento de los habitantes del Estado, en tanto la pobreza de patrimonio que afectaba al 36.2 por ciento de la población del Estado al inicio del milenio, flagelaba al 38.8 por ciento de los coahuilenses en el 2010. El porcentaje de coahuilenses en pobreza extrema subió del 2.9 por ciento en el 2010 al 3.2 en el 2012 y 3.7 en el 2014, en tanto los paisanos en condición de pobreza, que en el 2010 representaban el 27.8 por ciento, aumentaron al 27.9 en el 2012 y superaron la barrera del 30 por ciento (30.2) en el 2014. Raro concepto de eficiencia: a medida que se gasta más en programas sociales, aumenta el número absoluto y relativo de pobres.

En cuanto al impacto de las famosas “inversiones públicas productivas”, como ya vimos “redefinidas” de forma extraña por los propios diputados de la LXIII Legislatura en la sesión del 6 de agosto de ese mismo año, el Auditor Superior del Estado, en los Informas Anuales de Resultados del 2007 al 2014, nos señala que no es posible evaluar sus impactos, pues el Gobierno del Estado no ha entregado la información indispensable para la evaluación de su eficiencia.

A pesar de los pesares, el Congreso de Coahuila aprobó la contratación de casi 34 mil millones de pesos para legalizar y refinanciar la deuda pública del Gobierno de Coahuila que hoy día tiene a la entidad en una situación de extrema fragilidad para hacer frente a los ominosos desafíos por venir. De esto podremos hablar posteriormente.

En el diario de debates de la sesión plenaria del 18 de agosto del 2011 se pueden leer los nombres de los principales protagonistas de esta historia. Es importante que los electores los tengan presentes, pues varios de ellos son aspirantes a diversos cargos de representación popular: Hilda Esthela Flores Escalera era la diputada presidenta de esa Legislatura; la secretaria del Congreso era Loth Tipa Mota Natharen; Salomón Juan Marcos Issa fungía como coordinador de la Comisión de Finanzas; en tanto Enrique Martínez Morales como su secretario. Los demás integrantes de esa Comisión eran: Rogelio Ramos Sánchez, Francisco Tobías Hernández, Shamir Fernández Hernández, Cecilia Yanet Babun Moreno, Jesús Contreras Pacheco y Rodrigo Rivas Urbina. Este último, al igual que los diputados Mario Alberto Dávila Delgado, Carlos Ulises Orta Canales y José Miguel Batarse Silva, votaron en contra del dictamen.

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