Recientemente, diversas naciones del mundo, coordinadas por la UNESCO, se han trazado una agenda educativa muy ambiciosa conocida como Educación 2030, cuyo objetivo es “asegurar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje para todas las personas a lo largo de la vida”. 

La agenda Educación 2030 se diseñó a través de un proceso consultivo muy amplio en el que participaron diversas instancias nacionales e internacionales relacionadas con la educación. El proceso culminó con la Declaración de Incheon que fue adoptada en mayo de 2015 en el Foro Mundial de Educación (Incheon, República de Corea), cuyo marco conceptual fue suscrito por 184 países. 

La visión humanista de esta declaración es transformar las vidas de los seres humanos a través de una educación que se base en la justicia social; la inclusión; la diversidad cultural y étnica; y la responsabilidad y rendición de cuentas. Se reafirma que la educación es un bien público, un derecho humano fundamental y la base para garantizar la realización de otros derechos. Se reconoce a la educación como la clave para alcanzar el empleo y erradicar la pobreza. La propuesta hace énfasis en expandir el acceso a la educación al proveer una educación mínima de 12 años que sea pública, equitativa y de calidad, en la que se garantice la adquisición de aprendizajes relevantes. 

Los países se comprometen en alcanzar la calidad en la educación y en mejorar los resultados de aprendizaje, lo que requiere de mejores insumos y procesos, así como de mecanismos eficaces para medir el progreso educativo. Para ello se busca empoderar a los maestros y educadores, reclutarlos y entrenarlos adecuadamente, motivarlos y apoyarlos oportunamente; todo ello en el marco de un sistema educativo con recursos suficientes y con un gobierno eficiente y efectivo. En la declaración de Incheon se reconoce que los profesores son la clave para proveer una educación de calidad en la que se asegure, entre otras cosas: la adquisición de conocimientos relevantes; el dominio de habilidades fundamentales de lectoescritura y razonamiento numérico; el fortalecimiento de habilidades analíticas y de solución de problemas de alto nivel cognitivo, entre otras. 

Dos años antes de la Declaración de Incheon, el Estado mexicano aprobó una reforma educativa cuyo propósito esencial es mejorar la equidad y calidad del Sistema Educativo Nacional (SEN), para asegurar el máximo aprendizaje de todos los niños y jóvenes del país. En consecuencia, podemos decir que ambas iniciativas apuntan en la misma dirección y son totalmente compatibles; inclusive en aquellos aspectos que se refieren a contar con una planta docente altamente capacitada, a través de mecanismos de reclutamiento (justos y eficaces), apoyo (oportuno) y capacitación (pertinente), que empoderen profesionalmente a los mentores. 

En este sentido, la reforma educativa busca eliminar las viejas prácticas y los mecanismos (que tanto daño le hicieron al SEN, a los docentes y a los escolares) con los que se controlaban el ingreso, la promoción y diversos privilegios de los profesores, a través de mecanismos ajenos al mérito y al esfuerzo profesional. Por el contrario, la reforma educativa busca empoderar a los docentes, dándoles a ellos el control absoluto de su ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio. En otras palabras, la reforma busca instalar la cultura del mérito en el sistema educativo, la cual es el cimiento para construir un nuevo modelo educativo en el país, que cuente con una planta docente bien preparada y motivada. Sin ello será imposible que el país aspire a atender las metas de la agenda mundial Educación 2030.

(Consejero del INEE)