Santiago.- La declaración de la presidenta chilena Michelle Bachelet ante el fiscal Sergio Moya, quien tiene a su cargo el llamado Caso Caval sobre corrupción, podría permanecer en reserva al menos por 40 días, indicaron hoy fuentes judiciales.
La edición digital del diario El Mercurio publicó este sábado que Moya habría preguntado a Bachelet sobre las declaraciones de dos de los imputados en el caso: Mauricio Valero, socio de la empresa Caval, y Juan Díaz, gestor inmobiliario y operador político derechista.

En declaraciones al periódico, Moya aseveró que la Fiscalía envío a Bachelet “una invitación a declarar sin autorización judicial, y ella accedió en forma voluntaria”, lo que se concretó el martes en el presidencial Palacio de La Moneda por 45 minutos.

Comentó que la diligencia “fue realizada en términos normales como cualquier testigo, de manera expedita, y solo participó ella porque declaró como testigo y por lo tanto no declaró asistida por un abogado. Se respondieron todas las preguntas y fue útil para la investigación”.

Valero y Díaz se habrían referido en sus declaraciones al millonario préstamo otorgado en 2013 por el Banco de Chile a la empresa Caval, donde la mitad de la propiedad es de Natalia Compagnon, esposa del hijo de la mandataria, Sebastián Dávalos.

El préstamo de la entidad bancaria, por unos 10.4 millones de dólares y que había sido rechazado por otros bancos, fue aprobado tras una visita que hicieron Dávalos y Compagnon al vicepresidente del directorio del Banco de Chile, el multimillonario Andrónico Luksic.

La justicia investiga si hubo algún delito en la operación realizada por Caval para adquirir 44.3 hectáreas en la localidad sureña de Machalí, que eran de uso agrícola, pero la firma gestionaba ante las autoridades locales su paso a uso urbano para incrementar su valor en unos 15.3 millones de dólares.

La revista Qué Pasa tuvo acceso esta semana a una supuesta intervención electrónica policial al teléfono de Díaz, quien en una de sus conversaciones habría señalado que Compagnon debía entregar 1.4 millones de dólares a Bachelet por el negocio de Caval.

La jefa de Estado reaccionó en forma inmediata y, tras calificar estas declaraciones como “una canallada, una infamia, y que, además, no descarto montaje”, anunció la presentación de una querella en los tribunales de justicia.

La publicación, tras un diálogo con autoridades de gobierno, sacó de su página en internet las alusiones a la mandataria y otros políticos que supuestamente fueron citados por Díaz en un diálogo telefónico interceptado por la policía hace varios meses.

La revista aclaró que la veracidad de las escuchas “no está comprobada” y que las declaraciones, “de exclusiva responsabilidad de Díaz”, están insertas en un documento de 140 páginas que posee la Fiscalía con la transcripción de conversaciones telefónicas realizadas desde el teléfono móvil del sujeto entre mayo y agosto de 2015.