El jefe del gobierno de Cataluña, Artur Mas, declaró hoy ante la Justicia, imputado por desobediencia por la consulta simbólica sobre la independencia que convocó el 9 de noviembre del año pasado en la región del noreste de España.

"No hace falta que busque más. El responsable soy yo", dijo Mas al juez en Barcelona, según medios locales.

La cita judicial se convirtió en un acto de exaltación independentista. Mas llegó al tribunal escoltado por 400 alcaldes catalanes, por los miembros de su gobierno -en funciones desde las elecciones del 27 de septiembre- y por otros líderes secesionistas.

Allí lo esperaban más de dos millares de personas que agitaron banderas independentistas y gritaron consignas a favor de la separación de España y en contra de la Justicia española.

Es "algo absolutamente inaceptable", dijo desde Bruselas sobre las protestas el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que las consideró una amenaza al tribunal.

Artur Mas estuvo una hora declarando, pero se negó a responder a la fiscalía y a la acusación particular. "No entiendo por qué estoy aquí dando explicaciones. En todo caso, las tendría que dar en el Parlament. La consulta fue una decisión política", manifestó. Se enfrenta a penas de suspensión e inhabilitación de hasta 10 años.

Aunque asumió la responsabilidad política de la consulta, subrayó que la ejecución quedó en manos de 40,000 voluntarios cuando el Tribunal Constitucional le prohibió celebrarla.

La fiscalía lo acusa de desobediencia, usurpación de funciones, malversación de caudales públicos y prevaricación por haber obviado el veto del Tribunal Constitucional español de celebrar la votación simbólica sobre la separación de España el 9 de noviembre de 2014.

Su idea inicial era un referéndum de autodeterminación, pero el gobierno de Rajoy lo frenó recurriendo al Tribunal Constitucional. Entonces anunció una consulta simbólica, sin censo previo y en urnas de cartón. La corte la suspendió también, pero se celebró.

Dieron un sí a la independencia más del 80 por ciento de los que votaron, unos 2,3 millones de personas de los aproximadamente 5,5 millones que hubieran podido hacerlo. Mas atribuyó hoy la querella contra él a "la rabia" por el "éxito" de esa cita.

Su declaración ante el juez coincidió con el día en el que el Parlamento español dio luz verde definitiva a una reforma del Tribunal Constitucional que le da capacidad de sancionar y suspender a quién incumpla sus sentencias, una reforma impulsada por el Partido Popular de Rajoy pensando en la situación catalana.

El futuro político de Mas es incierto tras los comicios regionales del 27 de septiembre, a los que otorgó un carácter plebiscitario sobre la independencia. El secesionismo logró mayoría absoluta en el Parlamento regional, pero en votos no llegó al 48 por ciento.

El partido de izquierda antisistema CUP rechaza apoyar su investidura y sin sus votos no puede ser investido. Su candidatura electoral, Junts Pel Sí, y la CUP negocian desde los comicios una hoja de ruta hacia la independencia de España.

La declaración del jefe del gobierno catalán coincidió con el 75 aniversario del fusilamiento del presidente de Cataluña Lluís Companys por parte de la dictadura de Francisco Franco, un hecho al que Mas otorgó un valor simbólico. Antes presentarse ante el juez, rindió homenaje a Companys en el lugar en el que lo mataron.