Tomar decisiones sobre su propio cuerpo -desde con quien tienen relaciones sexuales a si usan anticonceptivos o si quieren ver a un médico- sigue siendo una quimera para cientos de millones de mujeres en todo el mundo, según denunció el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés).

En su informe anual, la agencia de la ONU encargada de la salud sexual y reproductiva analiza por primera vez en profundidad la situación del derecho a la autonomía corporal y concluye que, en buena parte del planeta, casi la mitad de las mujeres siguen sin poder ejercerlo.

"En todo el mundo hay mujeres y niñas a las que no se permite asumir el control de sus cuerpos y de sus vidas", señaló en una conferencia de prensa la directora ejecutiva del Fondo, Natalia Kanem.

El derecho a la autonomía corporal se ve violado cuando se practica a una niña la mutilación genital, cuando se fuerza a una mujer a abortar, cuando un hombre la deja embarazada en contra de su voluntad, cuando es violada o cuando se le hace una llamada prueba de virginidad, enumeró Kanem como parte de una larga lista de abusos que son habituales.

DATOS EN 57 PAÍSES

El estudio del UNFPA, sin embargo, analiza principalmente tres cuestiones: si la mujer puede decir que no a relaciones sexuales, si puede decidir sobre anticonceptivos y si puede decidir sobre atención médica.

Según el informe, que se basa en datos de 57 países en vías de desarrollo (que representan una cuarta parte de la población mundial), únicamente el 55 % de las mujeres están plenamente empoderadas para tomar sus propias decisiones en esos tres ámbitos.

Esos porcentajes, sin embargo, varían de forma importante entre regiones, pues mientras que en Latinoamérica y el Caribe y en el Este y Sudeste de Asia alrededor de un 75 % de mujeres ven respetado su derecho a la autonomía corporal, en África Central y Occidental son menos de un 40 %.

En tres países del África Subsahariana -Mali, Níger y Senegal- menos de un 10 % de las mujeres pueden tomar todo tipo de decisiones autónomas sobre su cuerpo, según el estudio.

En algunos países, como Mali, el informe muestra que una clara mayoría de mujeres decide sobre anticonceptivos, pero apenas un 22 % puede hacerlo a la hora de buscar cuidados médicos y una de cada tres puede rechazar relaciones sexuales, lo que hace que quienes ven respetados sus derechos en las tres áreas sean muy pocas.

El UNFPA, en todo caso, reconoce que los datos recopilados son muy básicos y tienen carencias, por lo que pueden no reflejar con total exactitud la realidad, aunque sí ofrecen una aproximación.

Para la doctora sudanesa Nahid Toubia, activista contra la mutilación genital femenina, se trata, en todo caso, de un informe "histórico" y "revolucionario" que pone una nueva mirada sobre problemas que la mujer sufre desde siempre.

"La pregunta es, al comienzo de la tercera década del siglo XXI, año 2021, ¿cómo podemos aceptar que un ser humano pueda ser propiedad de otro ser humano? Creíamos que esa idea se había quedado en el siglo XIX (...), sin embargo cuando se trata de mujeres (...) pueden ser de otros", denunció Toubia.

La situación, según el UNFPA, ha empeorado además durante la pandemia de la covid-19 debido a los confinamientos y a las dificultades para acceder a servicios de salud y de planificación familiar.

PROBLEMAS LEGISLATIVOS

El informe analiza además las políticas en vigor en estos países y destaca que un 25 % de ellos no asegura legalmente acceso igualitario a anticonceptivos o que un 20 % no tiene normas para apoyar la salud sexual.

Además, pone sobre la mesa legislaciones que siguen infringiendo los derechos de la mujer, entre ellas las llamadas leyes conocidas como "casarse con su violador", en vigor en veinte países o territorios y que establecen que un hombre puede evitar ser perseguido por una violación si se casa con la víctima.

También recuerda que hay 43 países que no tienen legislación contra las violaciones dentro del matrimonio y que hay más de treinta Estados que restringen la libertad de las mujeres de moverse fuera del hogar.

"Todas las sociedades tienen que hacer más para lograr la igualdad de género. Ningún país está ahí todavía. Los gobiernos tienen que tener un papel de liderazgo cumpliendo con sus obligaciones bajo los tratados de derechos humanos. Los gobiernos pueden alterar las estructuras sociales, políticas, institucionales y económicas que refuerzan normas desiguales por género", defendió Kanem en ese sentido.

26% de las mujeres latinoamericanas no puede decidir sobre su cuerpo

El 26 % de las mujeres de América Latina y el Caribe entre los 15 y los 49 años no pueden decidir sobre su propio cuerpo y esto se refleja en acciones comunes cómo usar anticonceptivos o en la posibilidad de negarse a tener relaciones sexuales, según refleja el informe anual del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, en inglés).

El estudio "Mi cuerpo me pertenece: reclamar el derecho a la autonomía y la autodeterminación" aborda la autonomía corporal en todo el mundo, definida como "poder tomar decisiones sobre el propio cuerpo sin temor a la violencia, sin coacción y sin que nadie decida sobre uno mismo".

Para medirlo, la agencia de la ONU encargada de la salud sexual y reproductiva se centra sobre todo en tres factores: el acceso a la salud, el poder elegir métodos anticonceptivos y el tener relaciones sexuales consentidas, aunque también incluye otros, como el matrimonio infantil o la esterilización forzada.

Los países de América Latina y el Caribe aprueban en los tres primeros factores, con una media del 90 % de mujeres con acceso a salud, anticonceptivos y relaciones sexuales libres. En la contra está la tasa de embarazos adolescentes, el matrimonio infantil o la falta de educación sexual los hace caer hasta el 74 %. 

Eso significa que 1 de cada 4 mujeres no pueden decidir sobre su propio cuerpo en los 7 países estudiados para este indicador: República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras y Panamá. 

A nivel global, el informe apunta que únicamente el 55 % de las mujeres de 57 países en vías de desarrollo (que representan una cuarta parte de la población mundial) están plenamente empoderadas para decidir sobre su cuerpo. El país que los encabeza es Ecuador (87 %), por encima de Filipinas (81 %) y Ucrania (81 %).

EMBARAZO ADOLESCENTE Y MATRIMONIO INFANTIL

Harold Robinson, director regional de UNFPA para América Latina y el Caribe, afirmó en una entrevista con Efe que "Latinoamérica aparece en los datos que existen con un rezago significativo", con niveles altos de embarazo adolescente: 61 niñas embarazadas de 15 a 19 años por cada 1,000.

Esa es la tercera peor posición global tras África Occidental y Central (108) y África Oriental y Meridional (95). 

Muchas veces se trata de embarazos fruto de relaciones sexuales entre niñas y hombres mucho mayores. "Latinoamérica también es una de las regiones con los niveles más altos del planeta de uniones tempranas", añadió en ese sentido Robinson. 

Según el estudio, que toma datos entre 2007 y 2018, el porcentaje de matrimonios infantiles en la región es del 25 %, lo que afecta a una de cada cuatro niñas. "Significa que el 25 % de la población de la región está exponiendo su salud y comprometiendo sus opciones futuras", afirmó por su parte Neus Bernabeu, asesora de Género y Juventud de UNFPA en América Latina y el Caribe, durante la presentación regional del informe.

Muchas de estas relaciones están reforzadas por las normas y prácticas comunitarias. Como en Bolivia, República Dominicana o Venezuela, donde, según el estudio, existen leyes que permiten a los hombres condenados por violación eludir la condena si se casan con las mujeres.

¿Y cuál es la raíz del problema? "La desigualdad de género", la inequidad "frente a sus parejas, frente a sus propias familias y a la sociedad. Hay carencias legales y carencias en las prácticas culturales" aseveró el representante de la ONU. 

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

Negarle a las mujeres y niñas decidir sobre su cuerpo tiene implicaciones enormes para su desarrollo y el de sus países: menos productividad económica de ellas, el menoscabo de sus habilidades y costos adicionales para los sistemas judiciales y de atención de la salud.

Entre las soluciones, Robinson insistió en la importancia de ampliar el actual 66 % de normas existentes de atención, información y educación sexual integral en la región, lo que sitúa a América Latina y el Caribe en la segunda peor posición tras los Estados árabes (53 %).

Quizá pase por seguir el ejemplo de Uruguay (99), que sobresale en este indicador, siendo el segundo mejor país del mundo tras Suecia (100).

ACCESO A MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

El poder de decisión de las mujeres, además, se vio disminuido con la irrupción de la COVID-19, "que ha reducido aún más la autonomía y ha creado nuevas barreras en el acceso a la salud y en el aumento a embarazos no planeados, así como en la pérdida de empleo y educación", enfatizó Robinson.

Eso en una región donde todavía el 8 % de las mujeres de 15 a 49 años se muestran insatisfechas con su planificación familiar, porcentaje que aumenta al 10 % en el caso de las casadas o en unión libre, según el estudio.

La UNFPA no promueve la interrupción voluntaria del embarazo como un método de planificación, y tampoco tiene un mandato para promover su legalización, por lo que "el informe es consistente con esa posición", recordó el portavoz del organismo multilateral.

Poder decidir sobre uno mismo es una cuestión de dignidad y va de la mano del derecho a la integridad corporal, a poder "vivir libres de actos físicos de coerción o de la violencia sobre el cuerpo", según el estudio.

Y en eso, América Latina y el Caribe también suspende. "Somos los campeones mundiales del feminicidio, la expresión más brutal de la negación de la autonomía corporal de las mujeres", concluyó Robinson.