La Procuraduría General de la República (PGR) anunció hoy que no ejercerá acción penal en contra del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, por el delito de fraude en perjuicio del Estado mexicano.

En un escueto comunicado, la fiscalía indicó que tomó la decisión "en vista de que no se cumplieron los requisitos de procedibilidad" en relación a la averiguación previa iniciada el 15 de marzo en contra de Icaza.

El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, José Antonio Ortega, presentó en marzo una denuncia penal contra el secretario ejecutivo por supuesta malversación de fondos públicos entregados a través de la CIDH al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Según Ortega, ese grupo que investiga la desaparición de 43 alumnos de la escuela para maestros de Ayotzinapa en septiembre de 2014 realizó actividades que no estaban vinculadas con lo establecido en el acuerdo firmado entre el Gobierno mexicano y la CIDH.

La PGR indicó que la notificación del no ejercicio de acción penal "le fue hecha formalmente a la Secretaría de Gobernación, en su carácter de representante del Gobierno federal, el día 4 del mes en curso".

La semana pasada Álvarez Icaza denunció que México está entrando "en una regresión autoritaria" a raíz de la denuncia en su contra, que calificó de "infundada", y dijo que no había un precedente parecido "ni en el Perú de (Alberto) Fujimori, ni en la Venezuela de (Hugo) Chávez".

"Solo el hecho de procesar esa denuncia es un ataque", consideró el secretario ejecutivo, que planea volver a su México natal para seguir trabajando en la defensa de los derechos humanos una vez concluya su mandato el próximo 16 de agosto.

Además, lamentó que el Gobierno participe en una "campaña de desprestigio" contra el GIEI después de haber solicitado la asistencia técnica de la CIDH, de reconocer el informe del grupo sobre el caso y hasta de sugerir algunos de los nombres de expertos.

El grupo concluyó en septiembre pasado, a partir de un peritaje realizado por el experto en incendios José Torero, que no había evidencias científicas que confirmaran que los 43 estudiantes fueron incinerados en un basurero, como sostiene la versión oficial.

Un nuevo estudio elaborado por seis especialistas estableció que hubo un incendio "controlado de grandes dimensiones" en el basurero de Cocula, aledaño a Iguala -donde los jóvenes fueron detenidos y entregados a miembros del cártel de Guerreros Unidos la noche del 26 de septiembre pasado- y al menos 17 personas fueron quemadas allí.