El debate en torno al debido proceso me parece innecesario, el problema de fondo no es el debido proceso, es el mal uso que se hace de él. Parece entonces que, algunas veces, no estamos hablando de lo mismo. 

No estamos discutiendo de lo mismo cuando hablo del proceso indebido, siempre es preciso aclarar porque normalmente las controversias, cuando se dan por dos temas completamente diferentes, son interminables y no conducen a nada. 

Por ello es fundamental sabernos escuchar, aunque no todas las veces nos agrade lo que nos dicen, o no estemos necesariamente de acuerdo, porque, en ocasiones, si se es omiso en ver y ventilar las realidades, por dolorosas —o costosas— que estas sean, quedan en la retórica y tampoco conducen a nada. 

Es innegable que el sistema antiguo de impartir justicia en México, en forma y fondo, ya estaba plagado de ineficiencias, de malas costumbres, pero también en muchos casos, de corrupción. Y henos aquí, a ocho largos años de coincidir y disentir en tiempos de cambio, para lograr la implementación y el cambio institucional en medio de luchas contra inercias, vicios y horrores que nos heredó el viejo sistema de justicia penal mixto inquisitivo y que son las causantes de desconfianza y falta de credibilidad que tiene la ciudadanía en las instituciones responsables de dicha tarea. 

El nuevo modelo de justicia nace para hacer realidad, en todo el territorio nacional, los principios de eficacia, transparencia e inmediatez en la procuración y administración de justicia, con base en el respeto de los derechos humanos de las víctimas e imputados, la reparación del daño para las víctimas, la implementación de los mecanismos alternativos para la solución de controversias y la reinserción social de los transgresores de la ley. 

En esta etapa de consolidación no se trata de que se echen la culpa unos a otros: entre policías, jueces, ministerios públicos, defensores, magistrados, etcétera se trata de hacer y vivir la justicia. 

Pero sí se trata de que existan reglas claras y criterios basados en el sentido común, para evitar a toda costa que no se haga justicia. Más de 8 años de esfuerzo por hacer una reforma de esta envergadura fue con el propósito de hacerle justicia a las víctimas, de frenar la impunidad rampante que ha existido durante tantos años con los criminales. 

Pero si queremos que esto cambie no sigamos cometiendo los mismos errores del pasado, ahora con nuevos procedimientos. La ley dice que debe haber equidad jurídica entre víctimas y victimarios y somos testigos de decenas de casos documentados y probados, que aparentemente se han hecho con procedimientos acordes a la ley, basados en el debido proceso y que no contienen ni un ápice de sentido común ni equidad jurídica. 
En tanto el Poder Judicial (en cualquier instancia que aplique) no reconozca y acepte que tiene que castigar de una vez por todas, las ineptitudes y corruptelas de forma pronta y expedita, la maldición de la impunidad seguirá pesando sobre la nación. 

Estamos en los primeros días de la consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y todos tenemos grandes esperanzas de que mejore sustancialmente la forma de impartirse y que se logren por fin los principios de transparencia, oralidad, publicidad, defensa e igualdad entre las partes, concentración y continuidad, inmediación y contradicción. 

Es cierto, que quedan tareas pendientes por cumplir y muchas de ellas son motivos de desacuerdos, disputas y controversias entre los actores institucionales y sociales del país, como resulta natural en la implementación de un cambio institucional que tiene dimensiones históricas y que desde ya, esta transformando la forma que teníamos de entender la impartición de justicia penal. 

La discusión va más allá de la forma. Reitero mi apoyo al nuevo sistema de justicia penal -por eso he luchado-, reitero mi apoyo al debido proceso -porque creo en él- y reitero mi enérgico reclamo a no hacer mal uso y abuso de éste para liberar delincuentes probados, esa es mi responsabilidad como ciudadano y activista. 

Estamos hablando de lo mismo, porque todos anhelamos un país con Estado de derecho. Todos estamos en lo mismo, porque de justicia se trata; en donde muchos podemos disentir es que, por aplicar letra por letra la ley, no se haga justicia.