En la semana publiqué en las páginas de VANGUARDIA una nota sobre la última evaluación, hecha por el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón, sobre la presencia del arsénico en los pozos de agua potable de la ciudad. Los datos publicados en la página de transparencia del Simas, pero no informados públicamente por las autoridades, son de escalofríos. Y no exagero.

De 80 pozos activos donde se tomó la muestra, en 32, es decir, un 40 por ciento, se encontró arsénico por encima del límite máximo permisible en el agua, que es de 0.025 miligramos de arsénico por litro de agua (mg/l), según la Norma Oficial Mexicana (NOM).

Cuatro de cada 10 pozos en la ciudad. En comparación del último análisis hecho por la paramunicipal, en 2018, los pozos contaminados aumentaron 146 por ciento. El investigador del Instituto Tecnológico de La Laguna (ITL) y ambientalista, Francisco Valdés Perezgasga, calificó el problema como un “verdadero estado de emergencia sanitaria”.

La pregunta precisamente es esa: ¿deberíamos estar en emergencia sanitaria?

Hay razones y cifras para pensar que sí. El arsénico es una de las 10 sustancias químicas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera más preocupantes para la salud pública.

La presencia de ese metal en nuestros pozos se agrava rápidamente sin que realmente exista un plan para mitigar el problema. Por el contrario, de los gobiernos, trienio tras trienio, sexenio tras sexenio, sólo se escucha demagogia. En 2018 había 13 pozos por encima de la NOM, en 2017 eran seis. Todos, absolutamente todos los pozos, han incrementado sus niveles de arsénico. Un ejemplo, el pozo 41 de la colonia Centro, el más contaminado, pasó de 0.0498 mg/l a 0.0785 mg/l de una medición a otra.

El 40 por ciento de los pozos representa, según las colonias donde se encuentran, que al menos 250 mil habitantes estarían en riesgo. Y si se toma en cuenta la norma internacional, únicamente nueve pozos estarían por debajo de lo permitido, es decir, prácticamente toda la población estaría en riesgo sanitario al beber agua con arsénico.

En 2018, el Colegio Médico Regional Antofagasta, en Chile, llamó a decretar zona de emergencia sanitaria por arsénico a Antofagasta. ¿La población en riesgo?: 30 mil personas

También en 2018, comunidades del Cusco, en Perú, exigieron que se declarara en estado de emergencia sanitaria el agua potable para consumo humano después de un estudio de la dirección Regional de Salud de Cusco, donde informaba de altos niveles de metales tóxicos en el agua potable, entre ellos el arsénico. En la región, las instancias de salud pública no han realizado ningún estudio, todo es por parte de investigaciones académicas.

En Mórrope, de la provincia y región Lambayeque, también en Perú, se declaró emergencia sanitaria a partir de un estudio donde apenas de una muestra de 191 pobladores, 160 resultaron con niveles en orina superiores a lo permitido. ¿Cuántos estudios e investigaciones no hay en la región que revelen lo mismo o peor?

En 2014, el Gobierno costarricense decretó emergencia sanitaria por contaminación del agua con arsénico en las comunidades de Cañas y Bagaces.

A inicios de este año, una congresista exigió al Ministerio de Salud de Perú que declarara emergencia sanitaria al poblado de Santa Ana, valle ecológico del distrito de San Pedro, en Ayacucho. También por contaminación de arsénico.

En México, el año pasado, la Comisión Federal para la Protección de Riegos Ambientales (Cofepris), emitió una declaratoria de emergencia sanitaria para la zona de Tula y Tepatitlán, en Hidalgo, luego de comprobarse la presencia de metales pesados en pozos de agua potable que superaban la norma oficial.

AL TIRO

Una emergencia sanitaria involucra una urgente acción de salud por los riegos que tiene la población. En Torreón, el alcalde Jorge Zermeño, hasta en tono bonachón, declaró que invitaba a los pobladores a beber agua de la llave sin ningún problema. Los invitó, como dijo Francisco Valdés Perezgasga, a tomar veneno.

Una emergencia sanitaria representaría, por ejemplo, hacer estudios de prevalencia del metal en los habitantes de la ciudad, o al menos donde hay pozos con niveles por encima de lo permitido. Además, buscar recursos financieros para atender la problemática, crear planes de trabajo.

Para Valdés Perezgasga, al menos el gobierno debería tener mecanismos paralelos donde proveyera de agua potable.

¿Y las instancias de salud? Y si fuéramos más catastróficos, la emergencia sanitaria debería de extenderse a La Laguna, pues se sabe que en Francisco I. Madero, San Pedro y Matamoros el problema es más drástico. Pero allí los municipios no tienen monitoreo y análisis del agua de los pozos. Los análisis que conocemos, hechos por universidades, hablan de niveles de espanto.

¿Y las instancias de derechos humanos? No hay que olvidar que es un derecho humano tener acceso al agua potable.