Los profesores que tienen un puesto en la Secretaría de Educación del Estado y, además reciben una pensión por jubilación de parte de la Dipetre, están violando el artículo 62 de la Ley de Pensiones, por lo que deberán regresar el dinero que han recibido durante el tiempo en el que han estado en el cargo.

Fuerza Magisterial de Coahuila denunció ayer que funcionarios de la Secretaría de Educación, como Julián Montoya y Jesús de la Garza Long, perciben la pensión y, además, un sueldo como funcionarios. 

La profesora Patricia Nieto, integrante de la Coalición de los Trabajadores de la Educación, declaró que Montoya y De la Garza Long no son los únicos pensionados que tienen un puesto en la Secretaría, pues esta situación se ha presentado desde hace varios años. 

“Ellos no son los únicos, son muchos, todos ellos están cobrando pensión y salario. Nunca les han dejado de pagar la pensión, aunque la ley lo dice”, reclamó. 

Añadió que desde este viernes comenzó a circular un video en el que la Sección 38 propone hacer modificaciones a la Ley de Pensiones de los Trabajadores de la Educación de Coahuila; entre ellas está el eliminar el artículo 62. 

Este artículo establece que las pensiones otorgadas con base en la legislación son incompatibles con el desempeño de cualquier cargo, comisión o empleo remunerado. 

“En caso de existir incompatibilidad de las pensiones que esté recibiendo el pensionado o pensionista, éstas serán suspendidas, restituyéndoselas cuando desaparezca la incompatibilidad determinada y se reintegren las mismas indebidamente recibidas”, señala.

Nieto aseguró que quienes cobran su pensión y el salario, comúnmente son maestros allegados o familiares de los que ocupan un cargo en la secretaría, quienes les otorgan alguna comisión dentro de la misma, pese a que la ley lo prohíbe. 

“Durante mucho tiempo hemos dicho que eso contribuye a desfondar las pensiones porque si una persona tiene un salario, no requiere la pensión, entonces está saliendo una pensión innecesaria. El objeto de las pensiones es para que las personas vivan decorosamente cuando ya no pueden trabajar. En este caso, si hay personas que pueden trabajar, ¿por qué pagarles la pensión?”, expuso. 

La profesora recordó el caso de la maestra Thelma de la Fuente, a quien el entonces gobernador Rogelio Montemayor la nombró directora de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila en 1993, justo después de haberse jubilado. 

“Hubo mucha polémica porque ella se acababa de jubilar y dijeron que no podía estar cobrando el sueldo de directora y la pensión. A ella le suspendieron la pensión”, recuerda.