El Poder Judicial de Coahuila debería iniciar una investigación de oficio ante la serie de irregularidades documentadas durante la diligencia realizada el pasado 6 de mayo en un inmueble de Grupo VANGUARDIA, consideró Gerardo Pérez Pérez, experto en Derecho Constitucional. 

VANGUARDIA ayer publicó que el abogado defensor de la parte demandante, quien participó en la diligencia, Luis Castaños Garza no estaba acreditado para participar como abogado por el Poder Judicial de Coahuila. 

“En este tipo de actuaciones quien tiene la batuta es la autoridad judicial, ellos tienen la capacidad de revisar una diligencia y revisar su validez, incluso lo deben de hacer de oficio. Por ser una cuestión de orden público, el juez está obligado a revisar que todos los requisitos estén en orden para poder autorizarle o no la intervención en el juicio”, comentó Pérez.

A la par, el litigante aseguró que un abogado que no esté registrado puede recibir varias sanciones, desde una multa hasta la nulidad del caso en el que interviene.

Por separado, Bernardo González, dirigente del PAN en Coahuila, señaló que en el Estado el Derecho se aplica de manera discrecional.

“Es una muestra más de la situación que se vive en Coahuila, la verdad es que las cosas están mucho peor de lo que quiere aparentar, es un estado donde el derecho se aplica de manera discrecional y se puede utilizar como arma para represión política”, expresó González Morales.

Además, el líder albiazul reprobó que el caso del desalojo a una propiedad de VANGUARDIA  se esté manejando con discrecionalidad para litigar o conducir una diligencia, “esto da a suponer que se busca coartar la libertad de expresión del periódico”, sostuvo.