El Consejo de la Judicatura del Estado que preside Miriam Cárdenas Cantú no solo debe dar de baja a los seis jueces por su presunta participación en fraudes hipotecarios del Infonavit, sino tiene que denunciarlos ante la Fiscalía de Justicia del Estado, consideró Enrique Pedroza Amaya.

El vicepresidente del Foro de Abogados de Saltillo, agregó que de corroborar la Fiscalía General de Justicia del Estado que los jueces incurrieron en dicho ilícito de corrupción, se proceda penalmente en contra de los ex funcionarios públicos.

“Hay que verificar si los visitadores del Tribunal General de Justicia del Estado inspeccionaron las actividades de los jueces y detectaron y no denunciaron los delitos y actos de corrupción en los que incurrieron los funcionarios del Poder Judicial; también se pueden hacer acreedores a una sanción judicial”, expresó.

Pedroza Amaya señaló que VANGUARDIA publicó que el Consejo de la Judicatura del Estado suspendió a seis jueces, cuatro de Torreón, uno más de Parras de la Fuente y otro de Sabinas, porque fueron vinculados a despojos de viviendas que también “embargan” a derechohabientes del Infonavit porque se retrasaron o no pagaron los créditos que les proporcionó el Instituto.

JUICIOS EXPRÉS

De ahí que los jueces realizaban juicios exprés y luego ofertaban los lotes de casas ya rehabilitadas o incluso sin rehabilitar, y se presume que estaban confabulados con trabajadores del Infonavit y despachos de abogados.

“Luego retiraban el crédito al derechohabiente cuando incurría en una falta de pago o abandono de la vivienda.

“Y posteriormente las casas aparecían en listas de corredores inmobiliarios a precios muy por debajo del original, es decir, si el Instituto las vende en 380 mil pesos, las ofertan en 250 mil pesos, pero en pago en efectivo, y el daño al Infonavit no está cuantificado aún”, afirmó.

De acuerdo con las investigaciones, los jueces señalados en La Laguna son: Carlos Santiago Charles Lozoya, juez primero civil, y Juan Gallegos Márquez, entre otros.