Por Claudia Altamirano (@claualtamirano) para Animal Político 
 
La política del nuevo gobierno de México, de combatir la corrupción para tener más recursos que permitan la inversión social es errónea, consideran expertos de Naciones Unidas, Oxfam y otras organizaciones internacionales.

Retirar recursos a la sociedad civil bajo el argumento de que al combatir la corrupción se recaudarán los recursos que necesitan los grupos vulnerables, como asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, es un error que puede llevar a retrocesos en temas que ya habían avanzado, advirtieron investigadores reunidos en la sede mexicana de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En lugar de eso, los expertos proponen una recaudación más eficiente que cobre a las grandes corporaciones las tasas tributarias que realmente deben pagar, es decir, en impuesto sobre la renta, especialmente a trasnacionales cuyas ganancias no permanecen en el país.

“El combate a la corrupción no es suficiente para tener más recursos, se requiere una reforma tributaria que derive en inversión pública. Un pacto social requiere más y mejor recaudación”, indicó el economista chileno Ricardo Martner, exdirector de la Unidad de Asuntos Fiscales de la Cepal y actual miembro de la Comisión Independiente para la Reforma Tributaria Corporativa Mundial.

Por su parte, la investigadora Magdalena Sepúlveda advirtió que retirar recursos a organizaciones civiles bajo el argumento de combatir la corrupción traerá una importante desigualdad social y de género, al limitar las posibilidades de atención a los grupos vulnerables sin combatir la corrupción a gran escala.

“La restricción al trabajo de la sociedad civil impide una amplitud de voces en la discusión pública. Además hay una afectación de género, sí, me refiero a las estancias infantiles y los refugios para mujeres sobrevivientes de violencia doméstica”, puntualizó Sepúlveda, miembro del Instituto de Investigación para el Desarrollo Social de la ONU.

Cobrar a los que no pueden escapar 

La desigualdad en la recaudación impacta directamente en una baja inversión social, señalaron los expertos. Todo lo que no pagan los grandes corporativos al gobierno lo paga la ciudadanía: ya sea a través de recortes presupuestales, con programas de austeridad que reducen la inversión en políticas sociales; por la privatización de servicios o al aumentar el esfuerzo fiscal de las familias, explicó la experta en justicia fiscal de Oxfam, Susana Ruiz.

“Si no están pagando esas trasnacionales puede ser una renuncia del Estado a recaudar y por lo tanto a invertir, o puede decidir ‘si no recaudo de ellos lo recaudo de otros’. ¿Y dónde es más fácil recaudar? En los impuestos al consumo, ahí donde no puede escapar la ciudadanía”, abundó la especialista.

Ruiz explicó a Animal Político que el balance neto de la desigualdad tiene que ver con el tipo de impuesto que se cobra: los impuestos al consumo (IVA) pueden ser una proporción mucho más elevada de los ingresos que pagar por un patrimonio muy alto, además de que se trata de aportaciones que los ciudadanos no pueden eludir, a diferencia de los millonarios que pueden enviar su dinero fuera del país o a paraísos fiscales.

“Cuando tengo que dedicar una parte muy elevada de mis ingresos por el consumo, es injusto, no es en función de mi capacidad real sino en función de consumos a los que no puedo escapar: alimentos, vivienda, transporte. Eso supone que todos los ciudadanos sean contribuyentes todos los días, todos pagamos por los actos cotidianos, ¿por qué hay otros que escapen?”, cuestionó la activista.

Agregó que esto ocurre porque para los gobiernos resulta más fácil ceder ante la presión de grandes empresas, y elevar el IVA es un acto mucho más rápido.

Por ello, los expertos internacionales advirtieron que la intención del nuevo gobierno de convertir la economía actual en una más justa no podrá concretarse sin una reforma fiscal integral.