“Es mejor debatir una cuestión sin resolverla, que resolver una cuestión sin debatirla”.
Joseph Joubert

La reforma constitucional de 2011, suele decirse, colocó a los principios de los derechos humanos en el centro de todas las discusiones jurídicas. Concuerdo en general con la afirmación, salvo por un detalle: la sola modificación del texto constitucional es insuficiente para alterar los elementos utilizados por la comunidad jurídica para discutir y analizar los temas de su agenda.

Para realmente ubicar a los principios de los derechos humanos en el papel de herramienta privilegiada para zanjar las discusiones jurídicas, hace falta algo más: se requiere modificar el ángulo de visión desde el cual se observa al derecho –como disciplina– y a los derechos –como atributos de las personas.

En otras palabras, la reforma constitucional de 2011 –siendo de suyo trascendente, por supuesto– supone haber recorrido apenas una parte del camino. La otra parte es la relativa a la transformación de la cultura jurídica mexicana y eso implica, desde mi punto de vista, imponernos un objetivo específico: incubar una nueva generación de abogados.

La pregunta obvia es: ¿cómo se impulsa el surgimiento de una generación de abogados con una cultura jurídica distinta, es decir, una para la cual los principios de los derechos humanos constituyan el núcleo de sus discusiones?

No existe, desde luego, una respuesta única a dicha interrogante. Cada quien podrá encontrar una fórmula de acuerdo con su formación profesional, su área de especialización e incluso sus muy personales gustos. Todas ellas podrán ser más o menos eficaces o eficientes, pero, en tanto conduzcan al destino planteado, habríamos de considerarlas pertinentes.

En la Academia Interamericana de Derechos Humanos estamos intentando varias rutas. Una de ellas es el uso del debate como herramienta para provocar, en los estudiantes de Derecho, la discusión de dilemas jurídicos desde la perspectiva de los derechos humanos. Con esa idea en mente surgió, hace cuatro años, la Competencia Nacional de Debate sobre Derechos Humanos, cuya tercera edición tendrá lugar en Saltillo del 21 al 26 de mayo próximos.

Cualquiera se preguntará, ¿cómo surgió hace cuatro años si ésta será apenas la tercera edición? La respuesta es simple: la primera edición de la Competencia fue una de carácter regional y se planeó así porque decidimos, en un primer momento, “experimentar” a pequeña escala con las complejidades logísticas de un ejercicio de este tipo antes de lanzarnos a la aventura de convocar a los estudiantes de todas las universidades del País.

Desde el principio, sin embargo, este ejercicio ha tenido un par de objetivos muy claros: fomentar en los futuros abogados y abogadas la práctica de la argumentación jurídica, y difundir los principios de los derechos humanos como un elemento esencial en la formación de todo futuro profesionista.

En cada una de las ediciones hemos planteado a los concursantes un par de dilemas y se les ha requerido el desarrollo de argumentos –fundamentalmente jurídicos– para responder afirmativa y negativamente los problemas propuestos. El resultado ha sido un vivificante ejercicio de discusión gracias al cual todos hemos aprendido, pues los debates no solamente han enriquecido la formación de los estudiantes, sino también la cultura jurídica de los jueces y de quienes somos responsables de la organización.

Vale la pena detenerse un momento a clarificar la puntualización relativa al uso de argumentos “fundamentalmente jurídicos”, pues se trata de uno de los aspectos interesantes de la Competencia. Aunque éste es un concurso dirigido sobre todo a estudiantes de Derecho, desde el principio hemos alentado la participación de alumnos de carreras afines como Ciencia Política, Relaciones Internacionales y Ciencias de la Comunicación.

La participación de estos alumnos ha enriquecido la discusión con planteamientos de otras áreas del conocimiento y ello ha permitido hacer explícito un elemento presente hoy en toda discusión seria sobre educación: la deliberación sobre cualquier tema de la agenda social es más rica, y produce mejores resultados, en la medida en la cual se aborda desde una perspectiva multi disciplinaria.

Los dilemas a discutir este años son:

1. Que la ley establezca el orden de prelación de los apellidos, ¿viola el principio de igualdad entre hombres y mujeres?

2. Prohibir las corridas de toros, ¿vulnera los derechos culturales, empresariales o laborales de las personas aficionadas a la tauromaquia?

Al momento de redactar esta colaboración, hemos recibido solicitudes de inscripción de 22 equipos, pertenecientes a 15 instituciones de educación superior ubicadas en 10 estados de la República, lo cual implicará recibir en Saltillo alrededor de un centenar de estudiantes durante la semana de la Competencia. Les estamos esperando con entusiasmo, pues con sus discusiones estaremos abonándole al propósito de impulsar el surgimiento de esa nueva generación de abogados necesaria para realmente colocar, en el centro de las discusiones jurídicas, los principios de los derechos humanos.

csibaja@uadec.edu.mx

El autor es Director del Centro de Educación Jurídica de la Academia IDH.

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH