El 2 de Junio de 2016, Iván Velásquez, jefe de una comisión contra la impunidad apoyada por la Organización de Naciones Unidas en Guatemala, aseguró que al Estado Guatemalteco lo habían cooptado “redes político-económicas ilícitas”.

Se refería a delincuentes disfrazados de políticos que se habían adueñado de las instituciones estratégicas del Estado para su propio beneficio con el apoyo y la complicidad de notables empresarios, grandes medios de comunicación y sofisticados grupos criminales.

El financiamiento electoral ilícito, un delito contemplado en la legislación guatemalteca desde hace apenas siete años, fue clave, según Velásquez, para que esta organización alcanzara sus objetivos.

Este caso, conocido como Cooptación del Estado, conmocionó al país entero porque reunía por primera vez ante un juez todas las piezas por las que políticos, académicos y activistas denunciaban las elecciones como imperfectas o incluso fraudulentas e ilegítimas. También puso a temblar al grupo en el poder guatemalteco que por primera vez sentía con firmeza la amenaza de la justicia.

Los casos destapados por la CICIG y la fiscalía provocaron la dimisión de la vicepresidenta Roxana Baldetti y el presidente Pérez Molina, y el posterior encarcelamiento y procesamiento judicial de ambos.

La crisis política estuvo aderezada con masivas protestas de ciudadanos que se manifestaron durante cinco meses en las calles, hartos de la corrupción y con demandas a cambios en el sistema político.

El viernes 25 de Agosto, Velásquez y la fiscal general, Thelma Aldana, anunciaron en una conferencia de prensa que solicitaría que el Congreso le retirara a Morales la inmunidad que les impide investigarlo.

Morales declaró persona non grata a Velásquez. Ordenó su expulsión inmediata el 27 de Agosto y terminó de preparar el escenario para librar una batalla de poder que se expresa tanto en los medios de comunicación como en las cortes de justicia.

El lunes la Corte Suprema de Justicia admitió el tramite de antejuicio contra el mandatario, por la acusación de financiamiento electoral ilícito de que le acusa el Ministerio Público y la CICIG.

Si 105 de los 158 diputados en el Congreso votan a favor, el presidente Morales podrá ser investigado y procesado. Pero ese resultado es improbable.

Velásquez aseguró que se mantendría al frente de la CICIG y que continuará con sus actividades según lo establecido en el mandato de la comisión. Aunque el fallo de la corte y la posición de Velásquez acota la crisis política, no significa su fin: un ejército de políticos y abogados discuten si aún es posible vadear el fallo de la corte y expulsar definitivamente al comisionado.

Con información de The New York Times