La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició el debate sobre la constitucionalidad de que las declaraciones patrimoniales y de intereses, contenidas en la ley 3de3 de los servidores públicos, se mantengan en secrecía.

El ministro José Ramón Cossío propuso este lunes a sus compañeros del pleno validar los artículos 29, 34, párrafo tercero y 48, párrafo primero, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y por tanto, que los funcionarios puedan mantener en reserva su declaración.

"Hay que tener en cuenta que no toda la información persona de los servidores públicos es necesaria, ya que hay información que puede poner en peligro la vida o la integridad del funcionario y ninguna justificación o prueba de interés público puede superar un riesgo de este tipo”, señaló Cossío Díaz.

De esta forma la Corte discute la acción de inconstitucionalidad 70/2016 impulsada por legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano para someter a revisión la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos, con la excepción de los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.