Hasta el momento de enviar esta colaboración a la mesa de redacción del periódico, los Consejeros electorales y representantes de los partidos ante el INE, no habían avanzado más allá de las discusiones generales a partir de los pre-dictámenes elaborados por la Comisión de Fiscalización del propio Instituto. En la agenda de la sesión de este lunes 17 de julio está contemplado el debate sobre los gastos de campaña del pasado proceso electoral. Es conocido que el Frente por un Coahuila Digno inició un procedimiento para anular las elecciones del 4 de junio, aduciendo pruebas diversas, entre las que se incluyen el haberse rebasado los topes de campaña, y que sería una causal contemplada por la legislación para la nulidad del proceso. No es noticia que algunos consejeros del INE han manifestado que los dos partidos mayoritarios, PRI y PAN, incurrieron en este delito, con lo que ante la posibilidad de nuevos comicios los candidatos postulados por estos partidos ya no aparecerán en las nuevas boletas. 

El reloj es implacable, y de acuerdo con los tiempos de las discusiones, quizá el pleno del INE no agotará en un solo día la agenda establecida y en Coahuila no podamos conocer pronto los resultados, y por ende las medidas que seguirán. Esta discusión sobre los gastos en campaña se inició el viernes pasado, y un resultado que nos compete a los coahuilenses es la sanción impuesta al PRI por la estrategia electoral de la dichosa tarjeta rosa entregada por Riquelme.  La compra del voto por un posible beneficio futuro. En otras palabras se le entregó a la gente un cheque en blanco que se haría efectivo si Riquelme ganara las elecciones. El mensaje es claro, “vota por mí y te entregaré dinero si gano” más claro ni el agua, y la compra del voto o la entrega y/o promesa de dádivas es un delito electoral. 

En la discusión sobre los gastos de campaña de los partidos políticos lo que ha permeado es la búsqueda de transparencia en el uso de los recursos públicos, porque todos los contribuyentes participamos en el financiamiento de las campañas electorales y en la existencia misma de los partidos políticos. 

Es algo plenamente aceptado por la sociedad en general, que los partidos políticos recurren a los recursos públicos por el bien de la nación, lo incorrecto es que el gobierno vigente, en el caso de Coahuila, el que encabeza Rubén Moreira, favorezca con recursos públicos al partido al cual pertenece.  Uno de los elementos que hacen sospechar que no se respeta el principio, es la actuación del vocero de la defensa del voto del PRI, hoy por hoy, tiene esta tarea partidista y figura, de acuerdo con la página Web del gobierno Estatal, como funcionario público. 

La última y nos vamos

Iván Garza García cobra como Secretario Técnico del gobierno de Rubén Moreira y en estos días lo hemos visto como vocero del PRI, y como tal acudiendo ante la autoridad electoral a defender a su partido ¿quién le paga? Sospecho que los coahuilenses con nuestros impuestos, a menos que el PRI demuestre que su salario sea cubierto con las prerrogativas del Partido. Supongo existen más casos de una doble cachucha, está bien, pero las actividades políticas de los funcionarios deberían de realizarse exclusivamente en días que no vayan en demérito de la función pública para la cual le pagamos los coahuilenses. Lo dicho, la transparencia en el manejo de los recursos públicos es la base del buen gobierno, la desviación de recursos es un delito. 

La querella infinita 
Mario Valencia Hernández
mvalehe@yahoo.com.mx