Por más que el tema se minimice y excluya de las agendas y la narrativa gubernamental, la realidad nos explota en la cara: la violencia sigue rampante en el país y los abrumadores récords de homicidios de 2019 y 2020 podrían superarse al final de este año. 

Los 115 asesinatos ocurridos el pasado domingo colocaron a ese 25 de abril como el día más violento de 2021 hasta ahora y el segundo más cruento en lo que va de la administración federal, superado sólo por los 117 homicidios dolosos que reportó el 7 de junio del año pasado. Casualmente ese día también fue domingo y coincidió con la celebración del Día del Padre en plena escalada de la pandemia del coronavirus. 

Los estados con el mayor número de víctimas el pasado 25 fueron, para no variar, Guanajuato y el Estado de México, que reportaron 11 víctimas cada uno; siguieron Jalisco con 10; Michoacán con 9; Chihuahua, Baja California y Ciudad de México con 7; Oaxaca y Veracruz con 5; y Puebla con 3. Pero si a los 115 homicidios del domingo se suman los de los días precedentes, el violento fin de semana recién transcurrido dejó un saldo de 259 asesinatos: 78 el viernes 23 y 66 el sábado 24. Esto quiere decir que en lo que va del año, los homicidios dolosos reportados oficialmente en todo el país suman 8,988, un promedio diario de 78. Seguimos acostumbrándonos a contar víctimas sin que exista todavía claridad, a estas alturas del sexenio, en las estrategias de seguridad pública del gobierno federal, si es que las hay. 

¿Qué resultados debería reportar el gobierno federal a estas alturas en materia de combate al crimen si hubiera cumplido sus promesas? De entrada, el apresurado despliegue de la Guardia Nacional contravino los objetivos que desde un inicio se trazaron para esa corporación. El Presidente había dicho en 2019 que la Guardia estaría consolidada justamente apenas para estas fechas, con una fuerza de 50 mil elementos bien capacitados y estratégicamente distribuidos en el territorio nacional hacia la primera mitad del 2021. Sin embargo alguna prisa hubo que aquel mismo año comenzó su intempestiva (y en muchos sentidos misteriosa) operación, con todo y la cantidad de elementos que representaban la meta de mitad del sexenio. 

Pero eso es apenas un aspecto de la compleja promesa de reducir notoriamente los índices de criminalidad en el país. Y cómo no va a ser compleja, si las decisiones que hasta ahora se han tomado parecen ir en el sentido opuesto a lo que requeriría su cumplimiento.

De entrada, al Ejército se le ha empoderado tanto, que el compromiso de regresarlo a los cuarteles seguramente se quedará en el aire. Pero además, y para no alargar tanto la lista, la eliminación del Fortaseg sin haberlo sustituido por algún otro mecanismo que garantizara el apoyo federal a las policías locales para equipamiento y capacitación es otro yerro que acentúa la percepción de que a este gobierno poco le interesa colocar el tema de la seguridad pública en sus agendas prioritarias. Y, por último, el presidente López Obrador tampoco ha cumplido la promesa de replicar el modelo de seguridad de La Laguna en otros estados del país con índices altos de inseguridad y violencia. Ese esquema de un Mando Único que fue desarrollado a través de la coordinación de los diferentes órdenes de gobierno con apoyo de la iniciativa privada y la sociedad civil organizada, permitió la pacificación de la Comarca Lagunera y un descenso sistemático y sostenido de los delitos de alto impacto. Y si bien la estrategia obedeció a las necesidades particulares de la región y seguramente no se podría replicar de forma idéntica en otras zonas conflictivas, no se ve que exista siquiera la voluntad política de evaluar la construcción de estrategias emergentes en los puntos rojos del país, porque para ello se necesita una interlocución con autoridades que el presidente suele ver como meros adversarios electorales, y con esa reducida visión no hay sinergia posible. Al menos lo positivo para La Laguna es que López Obrador ha cumplido cabalmente con respetar y continuar el exitoso modelo lagunero aunque, insisto, a estas alturas ya debería por lo menos haber delineado estrategias particulares para otras regiones y eso no se ve ni por asomo.

Pero la vorágine violenta va más allá: marzo registró 92 feminicidios, la misma cantidad que febrero y junio del año pasado y que representa la tercera cifra más alta de la que se tenga registro, por debajo de los 98 casos de diciembre de 2018 y los 93 de agosto de 2019. Pero además, el pasado marzo reportó también 2,020 violaciones a mujeres, un número que no se veía desde 2015. Y si a todo eso le sumamos el dato que compartió también por estos días la Red por los Derechos de la Infancia en México, de que cada hora 2 menores en México requieren hospitalización por golpes, entonces lo que se crea es una tormenta de degradación social que pareciera irrefrenable. Así va cerrando el primer cuatrimestre de un año en el que, por desgracia, muchos de los problemas en materia de seguridad continúan acentuándose. Estamos frente a un caos insostenible y en un año electoral, donde todo mundo presume varitas mágicas, la exigencia de estrategias claras y realizables debe resonar no sólo ante quienes aspiran a los cargos, sino principalmente ante quienes ya están en ellos y que tantas fórmulas y soluciones habían dicho tener. ¿O no?

Manuel Serrato
PRÓXIMA ESTACIÓN