En Coahuila, según la estadística oficial de la Segob, hay más de mil 400 personas desaparecidas o no localizadas; solo en 200 casos que representan menos de la sexta parte del total, el Estado ha reconocido que la persona está ausente y que su familia debe ser protegida para no quedar en el desamparo.

Esta situación  impide a la mayoría de los padres, esposos o hijos de los desaparecidos obtener apoyos que por ley les corresponden. Por ejemplo, una persona que cuenta con la declaración de ausencia de su familiar puede continuar recibiendo salarios y prestaciones de la persona que está desaparecida,  condonar créditos que se encuentren vigentes y proteger la patria potestad sobre menores de edad, entre otras garantías que actualmente no tienen.

Burocracia, investigaciones mal integradas o con datos ocultos, y temor a que se reconozca legalmente la dimensión del problema, son las deficiencias que según los asesores legales de las víctimas complican que cada familia obtenga la denominada “declaratoria de ausencia” que le permite acceder a los apoyos, y que según la ley, debe tramitarla obligatoriamente el Ministerio Público.

Una de las víctimas, la señora Dora Alicia de la Garza, dijo que no ha podido obtener la declaración de ausencia de su hijo Juan Carlos Tapia, quien está desaparecido desde hace casi cuatro años cuando se lo llevaron personas armadas. Acusó que las autoridades no les informan sobre los avances de las investigaciones de sus familiares desaparecidos y tampoco los auxilian en los trámites legales que deben hacer.

La Subprocuraduría para Personas Desaparecidas de la Procuraduría de Coahuila por su parte, sostiene que todos los casos se encuentran en investigación, aunque reconoce que hay datos que no se informan a las familias como la identidad de 32 personas que habrían desaparecido en el penal de Piedras Negras, bajo el argumento de que las investigaciones no concluyen.

Los datos: limbo legal

De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas de la Segob, en Coahuila había hasta el 30 de abril de este año mil 415 personas cuyo paradero es desconocido. Como la misma estadística señala, en cada uno de estos casos existe una averiguación previa iniciada ante el Ministerio Público local en donde consta que la persona está desaparecida.

En junio, el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila reveló que los jueces han emitido 212 declaraciones de ausencia. Se trata de poco menos del 15 por ciento de todos los casos que están siendo investigados.

De acuerdo con la Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del estado de Coahuila, que entró en vigor desde mayo de 2014, esta declaración, que es emitida por un juez a partir de los datos que entregan familiares y autoridades,  “reconoce y garantiza los derechos” de la persona desaparecida, y a su vez asegura “la protección más amplia” para las familias.

De acuerdo con el artículo 3 de la ley, no solo las familias sino incluso el Ministerio Público, es decir la Procuraduría del Estado,  cuenta con la facultad para solicitar la declaración de ausencia de los casos que tiene bajo investigación. De hecho, está obligado legalmente a hacerlo después de un mes de abierto el expediente.

“Transcurrido el término de 30 días, el Ministerio Público evaluará si los hechos denunciados constituyen un acto de desaparición. De ser así, el Ministerio Público presentará la solicitud de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas ante el Juez de Primera Instancia en Materia Civil competente en un plazo no mayor de diez días” indica la ley.

Según los asesores legales de las víctimas, la realidad es muy distinta.

Burocracia y temor

Ariana García, asesora jurídica y representante legal de la Asociación Civil Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas,  colectivo que lleva el seguimiento de más de 200 casos de desaparecidos,  dice que las declaratorias de  ausencia en realidad son la excepción y no la regla en el estado, como debería de ocurrir.

“La premisa de este trámite (declaración de ausencia) es que se va a reconocer la presunción de vida de la persona desaparecida lo que permite a las familias acceder a beneficios económicos y de apoyo social pero resulta que esto es nulo. No obstante que son las familias que quienes casi siempre lo impulsan, no hay resultados para ellas” dijo en entrevista.

¿Qué impide que las declaraciones de ausencia se emitan? De acuerdo con García hay dos problemas en general, uno de ellos es la burocracia para completar el procedimiento,  debido a que son las familias las que tienen que arreglárselas reuniendo todos los requisitos sin reciban el auxilio.

La señora Dora Alicia de la Garza,  dijo que por ejemplo ella no ha podido obtener la declaratoria de ausencia de su hijo desaparecido dese el 2012 porque le exigen una constancia de divorcio tramitó en Saltillo pero que no está en el registro civil de Piedras Negras. Reveló que para agilizar el trámite tiene que pagar 2 mil 900 pesos con los que no cuenta.

La abogada de la Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas indica que la segunda razón que frena la emisión oportuna de las declaratorias de ausencia, es el temor del Estado a dimensionar el problema y asumir los costos económicos y políticos.

“Nos percatamos que estos programas y este tipo de apoyos repercutirían en la economía pública, pues imagínate tener registradas casi mil 500 personas desaparecidas, sería un costo alto para el estado” dijo.

Miriam Cárdenas, titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dijo en una entrevista con Vanguardia, en junio pasado, que las declaratorias de ausencia no se alcanzan porque los expedientes no se promueven con todos los requerimientos que marca la ley.

Indagatorias deficientes: víctimas

Además del trámite de las declaraciones de ausencia, las víctimas y sus representantes aseguran que las autoridades actúan de forma deficientes en las investigaciones, y además lo hacen con poca transparencia y atención a las familias.

La señora Alicia de la Garza por ejemplo, tiene once familiares desaparecidos desde el 2012 en el municipio de Piedras Negras, cuando sujetos armados se los llevaron, y cuatro años después no conoce de ningún avance concreto en las investigaciones de la Procuraduría estatal.

“Es peor. Yo les he dado datos, les di la ubicación y datos de uno de los vehículos en los que se llevaron a mis hijos. Les pedí que por ejemplo, checaran las identidades de las personas rescatadas del albergue de Mama Rosa y me dijeron que sí que lo iban a ver, pero no pasó nada”, dijo.

Alicia de la Garza dice que se tuvo que enterar por un tercero de la detención de un sospechoso en la desaparición de sus familiares, pero cuando preguntó en la Fiscalía no le quisieron proporcionar ningún dato.

La abogada Ariana García sostiene que en general hay opacidad de las investigaciones pues los expedientes rara vez se abren a los familiares y a sus asesores legales, pese a que tienen derecho a revisar los avances y el trabajo. Las fallas incluso llegan a los trabajos de las muestras genéticas que se recabaron a las familias, y que son vitales para posibles identificaciones.

“Coahuila refiere que la colaboración es con la Policía Federal. Ha habido varios hechos en donde la toma de muestras de ADN de las familias, para los cotejos con las personas halladas sin vida, pero resulta que al día de hoy no se encuentran estos resultados de muestras genéticas en los expedientes de las familias y el estado se justifica  diciendo que la Policía Federal es la que no hace llegar los resultados” dijo la abogada.

Hay avances pero datos se reservan; subprocuraduría

El titular de la subprocuraduría para Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila,  José Ángel Herrera, sostuvo que cada averiguación previa iniciada por la desaparición de personas está siendo seguida y hay resultados, y puso como ejemplo el caso del Penal de Piedras Negras donde se presume que decenas de personas desaparecieron.

“Hay ya tenemos la confirmación de 32 personas que fueron incineradas peor estamos trabajando en la identificación de los probables responsables, que esto es una segunda etapa de la investigación”, dijo.

Según el subprocurador, ya saben quiénes son las víctimas que hasta ahora oficialmente están desaparecidas, pero aún no se informa a familiares de las víctimas bajo el argumento de que quieren primero identificar a los responsables de los hechos.

“De las personas que están hasta el momento identificadas no  forman parte de ningún colectivo, si así fuera si lo diríamos, pero será en su momento oportuno cuando hagamos lo conducente (informar a familias)”, sostuvo en entrevista con este medio.

Animal Político además de entrevistar al Subprocurador  envió un cuestionario de ocho preguntas a la Procuraduría de Coahuila, para conocer un avance completo en torno a las investigaciones por personas desaparecidas pero hasta la publicación de esta nota no se ha recibido respuesta.

Jefe Zeta juzgado en Texas: ¿sin cuentas pendientes en Coahuila?

Marciano Millán Vázquez, presunto jefe Zetas en Piedras Negras, Coahuila, detenido y juzgado actualmente en la Corte Texas y en cuyo juicio se reveló una supuesta complicidad del exgobernador Humberto Moreira con ese grupo criminal, no es investigado por las autoridades de Coahuila por ningún delito.

Así lo reveló el subprocurador José Ángel Herrera, contradiciendo la propia versión de la Procuraduría de Coahuila que el pasado 6 de julio emitió un comunicado de prensa donde informaba que Marciano Millán y otros presuntos Zetas, “forman parte” de las pesquisas por homicidio y desaparición de personas en Piedras Negras.

Al ser cuestionado sobre las investigaciones contra el Líder Zeta el subprocurador respondió: “nada que ver. Este señor Millán en ninguna investigación, lo repito, en ninguna está referenciado él; ni con su nombre, ni con sus sobrenombres, ni con el apodo de El Orejón, ni con ningún otro apodo. No está referenciado en ninguna investigación, en ninguna”.