A falta de voluntad política, ¡presión! Ese parece ser ahora el eslogan que los ciudadanos esgrimen contra la corrupción en México. 

Un despertar de conciencia que constituye el germen de diversas iniciativas y esfuerzos a nivel nacional. Sin duda la más significativa por su alcance y pertinencia es la Iniciativa de la “Ley 3 de 3” que empujan el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y su director Juan Pardinas, en alianza con empresarios, academia y sociedad civil. 

El objetivo de esa iniciativa ciudadana es volver ley el que los funcionarios hagan públicas sus declaraciones fiscal, patrimonial y de posible conflicto de intereses. De lograrlo, se estarían acotando de manera muy relevante las posibilidades de cometer actos de corrupción por parte de nuestros gobernantes, pues podríamos saber con detalle datos como su patrimonio, sus ingresos, el origen de estos, sus compromisos empresariales y familiares, etc. 

Saber con cuánto arrancan sus mandatos y con cuánto terminan, y si la diferencia corresponde a lo ingresado por sus actividades laborales y empresariales.

En pocas palabras, la iniciativa serviría para arrojar luz donde todo es secrecía. Y serviría también para empezar a reducir el monstruoso daño económico e institucional que nos endilga la corrupción a diario.

Según el libro “México; anatomía de la corrupción”, de la Dra. Ma. Amparo Casar, la corrupción le cuesta a México 9% del PIB (fuente: Banco de México). Pero, sobre todo, agrava otros males como la desigualdad, el acceso a la justicia o el crimen organizado. 

También es una de las razones que explica nuestra poca confianza en las instituciones y nuestro desencanto con el sistema democrático. Es decir, la corrupción es compleja, multifactorial y nos sale muy cara. Pero, sobre todo, es degenerativa.

Los sistemas complejos como este se suelen regular con información. Por eso la importancia de trabajar en la transparencia como eje transversal de toda política pública. Tenemos que dejar de ver el acceso a la información como una concesión de la clase política y empezar a entenderlo como lo que es: el derecho de la sociedad a saber lo que sucede con la cosa pública.

Mientras mayor acceso tengamos a información precisa, veraz y expedita, más difícil será para los responsables del aparato público violar las leyes y hacer mal uso de los recursos.

Pero no podemos ser ingenuos, no podemos creer que un día de pronto vendrán nuestros alcaldes, diputados o gobernadores a ponernos en bandeja de plata toda esa información  que evidenciaría de golpe sus malas prácticas y peores delitos. 

No, tenemos que partir de la premisa de que ese derecho lo iremos “conquistando” de a poquito. Ganando metro por metro del territorio público que le hemos dejado a la clase política apropiarse.