De fosa en fosa, de anfiteatro en anfiteatro, las fiscalías se desentienden de sus cadáveres
Por Carlos Quintero para Quinto Elemento Lab
Aquel miércoles 17 de febrero de 2016, la ministerio público Monserrat Castañeda Delgado abrió la cámara frigorífica de la morgue de Cuautla, Morelos, y miró una bolsa naranja que contenía un esqueleto atado de pies y manos: llevaba puesto un pantalón de mezclilla color azul, sucio y desgastado; una playera tipo polo azul marino con rayas blancas embarrada de cal y tierra.
“Entré a la cámara frigorífica a hacer una revisión de todos los cuerpos que se encontraban dentro y fue cuando encontramos ese”, recordaría cuatro años después de aquel tiempo cuando era funcionaria.
Castañeda Delgado había recibido la encomienda de revisar los cadáveres resguardados en las instalaciones de aquel Servicio Médico Forense (Semefo) de Cuautla, sede de la zona oriente, ciudad con 200 mil habitantes, a 53 kilómetros de la capital del estado. El Subprocurador de la Región Oriente, Rafael Ávila López, le había ordenado atraer todas las carpetas de investigación relacionadas con delitos de homicidios: quería evitar un nuevo escándalo como el que les perseguía desde 2014, a partir del descubrimiento, por parte de familias de personas desaparecidas, de los cuerpos enterrados por la fiscalía de Morelos en terrenos que no eran panteones en la comunidad de Tetelcingo. Estaba a punto de saberse que eran 119 cuerpos sin identificar, sin señalización, sin protocolos.
“Fue una revisión con los peritos para tener los datos correctos de sus carpetas de investigación y la corroboración de los cuerpos que tenían en la cámara frigorífica”, recordó en entrevista la mujer, hoy abogada particular.
La cámara de refrigeración del Semefo de Cuautla tenía capacidad máxima para unos 40 cadáveres. Adentro estaban 78 “elementos a resguardo”: 56 cadáveres (51 hombres y cinco mujeres), 13 restos óseos, siete fetos, un cuerpo momificado y un pie. El olor a putrefacto era penetrante.
La funcionaria encontró que en cada plancha metálica, con cupo para un cuerpo, habían sido acomodados cuatro de costado para aprovechar el espacio. Otros cadáveres estaban apilados en el piso de la misma cámara de nueve metros cuadrados. Esto significaba un riesgo de sobrecalentamiento.
Entre esos cuerpos, Monserrat Castañeda vio en la plancha número 2B, el cadáver momificado que estaba envuelto en dos bolsas de plástico: la de la superficie era negra, la de abajo naranja.
Junto al cuerpo había una botella de plástico en donde estaba escrita la leyenda: “PGR SIEDO”. Sólo eso. No tenía la etiqueta del número de la averiguación previa o carpeta de investigación. Ningún indicio que permitiera conocer su identidad.
La ministerio público no encontró dato alguno sobre la fecha u hora de su ingreso al Semefo de Cuautla. Tampoco la necropsia sobre su causa de muerte o el antecedente del lugar en donde fue encontrado.
Pero no era el único: otros tres cuerpos carecían de estos requisitos básicos para el tratamiento de cadáveres, que habían sido ingresados por la fiscalía estatal. La clave de quién podría tener las respuestas sobre ese cuerpo envuelto en bolsa naranja estaba en la etiqueta: la Subprocuraduría de Investigación Especial en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR).
Las tres fosas de Palo Alto
La historia de olvido del cuerpo con la leyenda “PGR SIEDO” encontrado en el Semefo de Cuautla, comienza seis años atrás del hallazgo de Monserrat Castañeda.
En un campo de cultivo denominado ‘Paraje Alto’, ubicado a cinco kilómetros al norte de la carretera federal Puente de Ixtla-Amacuzac, donde el 8 de septiembre de 2010 fue encontrada una fosa clandestina.
En el informe fechado cinco días después, el perito Ricardo Ruiz describió el lugar como un terreno delimitado con palos de madera y alambres de púas.
El municipio de Puente de Ixtla es uno de los pasos obligados de la ruta que conecta los estados de Guerrero, Morelos, Michoacán y Estado de México, corredor disputado ese tiempo por las organizaciones criminales Guerreros Unidos, Los Rojos y la Familia Michoacana. El hallazgo se hizo a partir de la confesión del detenido Mauro González Escorcia, alias “El Coyote”, sobre los sitios donde Guerreros Unidos enterró a algunas de sus víctimas.
A las 14:15 horas localizaron restos de ropa a una profundidad de 80 centímetros. Al excavar desenterraron dos cuerpos: el primer cadáver que sacaron lo clasificaron con el numeral “UNO”, y el siguiente, “DOS”.
La cabeza del cuerpo “UNO” estaba cubierta con vendas, y vestía una playera que había sido de color blanco con rayas horizontales y pantalón de mezclilla. “Con ataduras en sus extremidades superiores e inferiores”, se lee en el dictamen.
Tenía probablemente de tres a cinco meses de muerto. No había sido asesinado en ese sitio.
Ese miércoles las autoridades hallaron otro cuerpo, luego otro… y otro. Parecía como si brotaran de la tierra. Cuatro cadáveres fueron desenterrados en total. Al día siguiente descubrieron otros dos cuerpos y, al revisar la zona, encontraron indicios de una segunda fosa en la que, a metro y medio de profundidad, localizaron a la séptima víctima. De una tercera fosa desenterraron otros cuatro cadáveres.
Todas las víctimas eran hombres, la mayoría amarrados de pies y manos; uno tenía como seña particular un tatuaje de escorpión y una greca. En total fueron 11 cuerpos.
La PGR inició la Averiguación Previa PGR/SIEDO/UEIDCS/425/2010 y los trasladó al Semefo de Jojutla. El cuerpo “UNO” iba entre ellos.
En ese momento comenzó la cadena de errores.
“El laboratorio de Genética de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos NO cuenta con la técnica, equipos, ni reactivos para trabajar muestras de hueso por lo cual de ser necesario, estas muestras tendrán que ser remitidas a otra institución con la finalidad de realizar el estudio identificativos de las cuatro osamentas”, indica un oficio de septiembre que explica por qué la Fiscalía local solicitó el apoyo a la PGR de Felipe Calderón, entonces a cargo de Arturo Chávez Chávez, y envió 13 muestras óseas: 11 correspondían a los cuerpos extraídos de las fosas de Palo Alto y otros dos, a cuerpos encontrados en el municipio de Tlaltizapán.
Por varios años no volvería a saberse más sobre el cuerpo “UNO”, que, para entonces, quedó bajo tutela de la PGR para la extracción del perfil genético. Hasta que ocurrió un incidente en el Semefo de Jojutla.
Entre fosas clandestinas y fosas irregulares
El desorden en cuanto al manejo de cuerpos era un vicio antiguo que se conoció con el descubrimiento de fosas clandestinas.
Desde 2010 a 2019, fueron encontradas 40 fosas clandestinas en el estado, principalmente en los municipios de Emiliano Zapata, Puente de Ixtla, Cuernavaca, Tlaltizapán, Amacuzac y Jiutepec, colindante con el estado de Guerrero, según una investigación independiente realizada por este reportero y la periodista Wendy Selene Pérez.
Las fosas clandestinas comenzaron a proliferar tras el asesinato de Arturo Beltrán Leyva, líder del grupo criminal de los Hermanos Beltrán Leyva, en diciembre de 2009, en Cuernavaca, y en medio de la pugna por el territorio entre sus colaboradores Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, y Sergio Villarreal Barragán “El Grande”, detenidos en 2010.
La mayoría de las fosas fueron halladas en los años 2010, 2011 y 2014, entre ellas las de Puente de Ixtla. Tan sólo en 2010 fueron desenterrados 36 cuerpos de tumbas clandestinas y los cadáveres exhumados fueron repartidos en los tres Semefo de la Fiscalía de Morelos. Estos, junto con las 3 mil 445 víctimas de homicidios, saturaron las tres morgues del estado. Ninguna se dio abasto.
Para “solucionar” la saturación, el 28 de marzo de 2014, la directora general de Servicios Periciales de la Fiscalía del Estado, Ana Lilia Guerrero Moreira, ordenó que todos los cadáveres no identificados que permanecían en las morgues de la entidad fueran enterrados.
Un total de 119 cuerpos fueron enviados a fosas comunes, incluidos siete que sí habían sido identificados por sus familiares, pero que también fueron desalojados porque -argumentó Guerrero- las cámaras frigoríficas “debían estar limpias”.
Entre los cuerpos iba el de Óliver Wenceslao Navarrete Hernández, un joven de 31 años que el 3 de junio de 2013 fue hallado muerto y después fue identificado por su familia. Sin embargo, la autoridad ministerial optó por mantenerlo en la morgue hasta obtener una orden de aprehensión contra los responsables. En la espera fue desalojado con el resto y enterrado en un terreno baldío, que no era un panteón.
En su búsqueda, María y Amalia Hernández, madre y tía de Óliver, descubrieron que el gobierno del Estado, no sólo el narcotráfico, cavó sus propias fosas clandestinas. Cuando presenciaron la exhumación de Óliver grabaron la tumba, donde se veía un altero de cuerpos enterrados. Su video movilizó a familiares de personas desaparecidas de Morelos y de otros estados del país que presionaron hasta que se abrieran esas fosas ilegales.
En agosto de 2016, tras 12 días de exhumaciones en el que integrantes de colectivos de víctimas supervisaban los hallazgos, se descubrió que el Estado –gobernado entonces por Graco Ramírez- había enterrado 119 cadáveres fuera de cementerios: 34 sin investigación penal de su homicidio y 13 sin necropsia. Tres eran cuerpos de niñas.
Pronto se supo que las irregularidades no sólo ocurrieron en Tetelcingo, también en Jojutla. En marzo de 2016 en dos fosas de Jojutla fueron enterrados 84 cuerpos en las mismas condiciones. Los trabajos de exhumación nunca se completaron. Sólo dos exfuncionarios han sido vinculados a proceso, ninguno de sus superiores ha sido procesado.
En 2016, pese a las protestas de las familias de víctimas, seguían las prácticas deficientes y los errores. Ese año la ministerio público Monserrat Castañeda encabezó un equipo especial - integrado por peritos en identificación humana, medicina, antropología, odontología forense, criminalística, química y fotografía de la Fiscalía Regional Oriente, y con apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)- para hacer un inventario de cuerpos.
Al revisar la morgue de Cuautla, el grupo especial encontró cuatro cadáveres desconocidos que no tenían registro oficial. El esqueleto anónimo de la bolsa naranja y la leyenda “PGR SIEDO”, entre ellos.
Uno de esos ocho días de investigación y corroboración de datos, el perito Ariel Olivera Melo recordó haber visto antes ese cuerpo. Lo había visto en la morgue de Jojutla cuando tuvo que ser desalojado de esas instalaciones -junto con otros cadáveres- porque el sistema de refrigeración se descompuso. Estaba identificado como cuerpo “UNO”.
“En 2010 se descompuso la cámara de Jojutla y en lo que la arreglaban, mandaron sus cuerpos a Cuernavaca y a Cuautla”, rememoró en entrevista Olivera.
Cuando arreglaron el desperfecto regresaron los cuerpos, pero en Cuautla se quedó el de la bolsa naranja y la etiqueta de la PGR.
“En ese ir y venir se quedó ese cuerpo, se notificó a Jojutla y nadie dijo nada. No hicieron nada, nada. No pasó nada”, dijo.
Durante seis años el cadáver permaneció en el limbo, abandonado en la cámara frigorífica de Cuautla.
El ping pong institucional
El perito Ariel Olivera supo del cadáver de la bolsa naranja de la PGR en tres momentos diferentes: La primera vez en 2012, cuando inspeccionó la cámara de la morgue junto con el Coordinador del Semefo de Cuautla, Jorge Cabañas. Según su narración, realizaban una limpieza del Semefo cuando descubrieron el cuerpo.
Luego en el 2014, cuando era responsable del área de Identificación Forense y llegó a sus manos un expediente de la PGR. Olivera leyó el dictamen: era de la fosa clandestina de Puente de Ixtla de 2010, donde encontraron 11 cuerpos. El dictamen daba información sobre la procedencia de los cadáveres: cómo los encontraron, dónde, el reporte de criminalística.
El 4 de abril de 2011, siete meses después del hallazgo de la fosa, la PGR les informó que había obtenido cinco resultados positivos, en los cuales se determinó correspondencia de parentesco (maternidad) con:
“Bertha (…) y el occiso 3; Viviana (…) y el occiso 7; Juana (…) y el occiso 5; Samai (…) y el occiso 2; Micaela (…) y el occiso 6”.
No se sabe si los cuerpos identificados fueron entregados a sus familiares. Los otros cinco fueron enterrados de forma clandestina y sin señalización alguna por la Fiscalía estatal en Jojutla, cuando se dio la orden de deshacerse de los cuerpos en 2014.
El cuerpo con la bolsa naranja, etiquetado PGR/SIEDO, quedó olvidado en Cuautla, tan olvidado que se salvó de ser enterrado.
“El problema es el olvido de PGR de esa carpeta. Así lo hacen, así actúan: piden el apoyo, llevan los cadáveres y ahí los dejan”, criticó Olivera Melo.
El perito experto en odontología recordó que junto al cuerpo “UNO” quedaron otros tres cadáveres sin registro en Cuautla. Estos envueltos en bolsas de plástico negro. Uno de ellos, no fue intervenido por los forenses porque el ministerio público jamás le asignó un número de expediente.
“No hicieron absolutamente nada y ahí se quedó. Así de sencillo fue”, comentó cuatro años después con indignación. Las omisiones eran tanto del estado como de la federación.
En 2016, al topárselos de nuevo con la ministerio público Castañeda, se abrieron carpetas de investigación estatal por cada uno de esos cuerpos. Presentó las denuncias el coordinador del Semefo de Cuautla, Alberto Vázquez Vallejo.
Las versiones del perito Olivera Melo y la ministerio público Castañeda es que dos de los cuerpos bajo custodia de la fiscalía estatal iban a ser donados al Hospital General para prácticas forenses de estudiantes de medicina. Coinciden en que la orden la dio el director de Servicios Periciales, Samuel Nava Vázquez.
“Una demostración de falta de ignorancia o de falta de conocimiento”, criticó el odontólogo jubilado.
Los dos cuerpos siguen bajo “resguardo” en el Semefo de Cuautla, sin carpeta de investigación.
Tras el hallazgo, la ministerio público redactó varios oficios y los envió a la PGR para que autorizara su intervención o decidiera el destino final del cuerpo que -según el etiquetado-formaba parte de una investigación federal.
También escribió al directivo Nava Vázquez para informarle del hallazgo de un cadáver de PGR, que pertenecía al Semefo de Jojutla.
“Me quedé esperando la información de PGR y me topé con la negativa del director general de la Fiscalía del Estado de Morelos, de que ese cuerpo; ni siquiera tenían conocimiento de que existía dentro de la Fiscalía”, dijo Monserrat Castañeda.
De acuerdo con la versión de la ahora exagente, Nava se desentendió del cadáver olvidado y le respondió: “Mis cuerpos corresponden en Jojutla; mis cuerpos corresponden en Cuernavaca, con las carpetas que tengo registradas. Ese cuerpo no sé ni de dónde salió”.
El cuerpo de la bolsa naranja y etiqueta federal seguía en el limbo. Hasta que unos perfiles genéticos coincidieron.
Cronología de una desaparición
El 16 de noviembre de 2009 “Dulce” vio por última vez a su esposo “Julio” -ambos nombres cambiados para proteger la identidad-, cuando se despidió porque iba a visitar a su madre a Panchimalco, comunidad al noroeste de Jojutla.
Julio, un veinteañero con dos hijos, trabajaba en el área de Servicios Generales del Hospital General “Dr. Ernesto Meana San Román”, pero en ese momento estaba inactivo por un conflicto laboral.
Él tenía tres hermanos. De los hombres era el más chico. Los cuatro ayudaban a su madre Martha, quien vendía tacos de carnitas en un puesto ambulante de Jojutla.
La abuela de Dulce, Mamá Rosita, como la llaman sus nietos, recuerda que Julio era un hombre discreto, muy respetuoso. Ella nunca le escuchó una mala palabra. Sus vecinos lo recuerdan igual.
Julio salió ese día a las cuatro de la tarde, dijo a su esposa que “al rato regresaba”.
La madre confirmó que Julio llegó a su casa, “de entrada por salida”, después abordó su vehículo. Pronto ella se preocupó, y en su denuncia diría: “Le marcaba a su celular, sonaba y me mandaba al buzón, esto fue durante dos días”.
Dulce comenzó a buscar a Julio entre sus amigos.
Surgieron otras versiones, recordó Mamá Rosita: “Dicen que recibió una llamada, que iban a tener una junta en Cuernavaca (de su trabajo), entonces él se fue y dicen que no llegó a Cuernavaca. En el transcurso del camino, no sabemos dónde sucedió, pero lo desaparecieron”.
Una semana después, el 23 de noviembre de 2009, presentó la denuncia por su desaparición ante la Fiscalía de la Región Sur Poniente.
Un agente del Ministerio Público integró el expediente de desaparición con la declaración de la esposa y madre de Julio. En ocho años, ninguna autoridad, estatal o federal, realizó a la familia una prueba para tener su perfil genético. La madre y la nuera emprendieron la búsqueda sin obtener respuesta de la Fiscalía. Un yerno les trajo el recado de un policía: no se metan.
En los años de espera doña Martha buscó a su hijo Julio hasta que enfermó de diabetes y perdió la vista. En un último esfuerzo, el 9 de junio de 2018, acudió a la fiscalía de Jojutla tras enterarse de la exhumación de 84 cadáveres de las fosas del gobierno. Tenía la esperanza de hallarlo entre los cuerpos.
Presentó una segunda denuncia ante un agente del Ministerio Público y éste ordenó que le tomaran una muestra biológica para confrontarla con los datos de cuerpos no identificados desenterrados de Tetelcingo y Jojutla, y los ingresados en el inventario de 2016.
Un año después, el 5 de julio de 2019, un perito encontró una posible coincidencia entre Martha. El perito pidió un segundo examen de ADN con otro familiar para reconfirmar la identidad, y el 11 de noviembre de 2019 el hijo de Julio dio su sangre.
El 4 de diciembre la fiscalía confirmó que aquel cadáver olvidado, el nombrado como UNO, que itineró entre anfiteatros, que fue olvidado en una gaveta, del que ninguna fiscalía quiso hacerse cargo, era Julio, el hombre desaparecido una década atrás.
Epílogo
Cinco meses después de hallar a Julio, la madre de 60 años falleció víctima de la covid-19. Nunca vio la justicia. Ningún servidor público estatal o federal ha sido investigado pese a que por las irregularidades en la custodia del cuerpo de su hijo se abrió la carpeta de investigación (CT-UIDD-C/1773/2016).
El colectivo de familiares de personas desaparecidas “Regresando a Casa Morelos”, ha propuesto la creación de un Centro de Identificación Forense que ayude a recuperar la identidad de los 84 cuerpos exhumados en 2017 en las fosas de Jojutla, -algunos con etiquetado de la PGR, hoy Fiscalía General de la República-, de 107 aún no identificados de las fosas de Tetelcingo, y de más de 291 cadáveres que siguen sin identificar en el estado.
Estos episodios forman parte de la crisis forense del país que, de 2006 a 2019, dejó un saldo de 38 mil 891 cuerpos sin identificar, según datos obtenidos por Quinto Elemento Lab. Cuerpos que pasaron por las instituciones forenses y que no han recuperaron su identidad para ser entregados a sus familiares.
*Este reportaje es parte de la serie #CrisisForense de Quinto Elemento Lab, que revela el colapso del sistema forense en México y las consecuencias para miles de familias que buscan a sus seres queridos y para los miles de cuerpos que siguen sin identidad. Próximos lanzamientos cada semana de octubre y noviembre. Visita www.quintoelab.org/crisis-forense
