Cuando se habla de la democracia, ordinariamente pensamos en elecciones que en el horizonte existencial de los ciudadanos es la única forma de posibilitarla. Sin embargo, existen un buen número de caminos que nos llevan a ella, a éstos se les llama mecanismos democráticos y tienen varias funciones.

El problema es que como hemos vivido bajo gobiernos que se van por la libre y que simulan tener una impronta democrática, no se han puesto en práctica, y los pocos ejercicios que se han dado no han sido del todo prácticos, objetivos y representativos del espectro poblacional, prestándose a chunga y a desestimar el método, sobre todo si no resulta compatible con nuestras preferencias.

Así, no sólo son las elecciones una ruta hacia la democracia, también es el referéndum que tiene que ver con la modificación de leyes que ya son parte de la legislación. El plebiscito tiene que ver con una problemática social, particular que requiere tomar nuevas rutas. La información pública que a través de los organismos ya establecidos, como el INAI y sus oficinas locales, poco se usa, y cuando se usa está muy lejos de promover la transparencia y la rendición de cuentas que no estamos acostumbrados a exigir.

Otro mecanismo son las audiencias públicas, que muy poco se practican –porque los gobernantes no están dispuestos a dejar el Olimpo y a bajar a convivir con los mortales– y a las que muy poca gente asiste cuando por alguna extraña razón hay para solicitar a los servidores públicos una mejora para sus comunidades.

Otra forma de posibilitar la democracia son las consultas populares, las cuales nos resultan extrañas y, como no estamos acostumbrados a vivir siendo corresponsables unos de otros, pareciera que hay un desprecio por las mismas, de hecho por el uso del concepto “popular” las ligamos absurdamente con el socialismo –porque algunos gobernantes las han utilizado como mecanismos de control– y no se les tiene confianza porque, aunque presumamos de demócratas, en el fondo preferiríamos que se hiciera lo que a cada uno le pareciera conveniente, olvidando que la mejor forma de vivir en sociedad se da a partir de la búsqueda de consensos y en el escenario de la deliberación pública.

En este contexto, se nos viene en agosto la consulta para saber si se lleva o no a juicio a los expresidentes de los periodos de 1988 a 2018. Un tema politizado, partidista, emocional, sentimental, pero sobre todo democrático que pudiera capitalizarse para que se pusieran de moda las consultas en el País, un clamor popular que puede tornarse en venganza partidista si no se capitaliza la consulta. De ello hablaremos en otro momento.

Finalmente, el multimentado tema de la semana, la revocación de mandato, que es un mecanismo que aparece en la Reforma de los artículos 35, 36, 41, 73, 81, 83, 99, 116 y 122. Que por supuesto, no es una novedad del gobierno actual, es una práctica que nunca se dio en otros gobiernos y que es algo común en otras latitudes; donde la idea que está debajo se basa en que el pueblo, a mitad del mandato del gobernante en turno, tiene el derecho a decidir si así lo considera, a través de un referéndum, la posibilidad o no de que siga en el cargo.

Esto nos lo encontramos en el artículo 81 Constitucional que a la letra dice que: (…) “la elección del presidente será directa y en los términos que disponga la ley electoral. El cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos puede ser revocado en los términos establecidos en esta Constitución”.

Para fines prácticos en la fracción IX del artículo 35, se determina que el INE convoca la consulta y se busca como base que asista el 3 por ciento de quienes estamos inscritos en el Instituto como mínimo en 17 entidades federativas. Y si, en este caso, los mexicanos determinamos el final anticipado del periodo que abarca el presente sexenio, Andrés Manuel López Obrador, tendrá que irse a su Rancho en Tabasco. Así son las reglas del juego.

Y aquí está la oportunidad para que muchos ciudadanos que no están de acuerdo con el gobierno en turno dejen la burla, la sátira, la crítica sin sentido, la polarización, la insatisfacción, el desánimo, el enojo y sí se lancen a las urnas. Evidentemente está el derecho de libre expresión, sin embargo, es por este medio y no por otro por donde pueden conseguir hacer realidad sus deseos, lo demás es lo de menos.

En concreto, para que el Presidente de la República abandone su cargo luego de tres años de gestión se requiere que salgan a votar 34 millones 877 mil 034 ciudadanos, y de estos, al menos 23 millones 251 mil 356 deberán sufragar en sentido positivo para revocar el mandato presidencial. Esto considerando que hay cerca de 90 millones de mexicanos registrados en la lista nominal, de acuerdo con información del INE. Si los que dicen sí ganan, el Congreso entrará a cubrir el vacío que se queda para posteriormente convocar a elecciones y buscar un nuevo presidente. Si esto se da, estaremos ante una buena práctica que impulse una ciudadanía activa.

Como mecanismo democrático la revocación de mandato refuerza el control de la agenda pública, nos da a los ciudadanos la posibilidad de mejorar el sistema electoral, determina la viabilidad de sus gobernantes, representa un mejor control de calidad, promueve la participación ciudadana y el interés por lo público, se estimula a los servidores públicos a ser responsable en su rol, se vigila la agenda de los servidores públicos, se les obliga a ser mejores y por supuesto se les castiga para que no sigan en su puesto. Como se dieron cuenta, en muy poco tiempo estaremos ante una situación inédita en la democracia mexicana. Así las cosas.