El Secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, avaló la propuesta de la Ley de Seguridad Interior que se discutirá este martes en el Senado de la República, después de haber arrasado con votos a favor en la Cámara de Diputados. 

“Es algo que ya tenía mucho tiempo solicitándose en los mandos, en lo que se refiere al rol que tienen que jugar en situaciones de seguridad; patrullaban a veces. Se sentían medios incómodos al no tener una situación jurídica para esto. Hoy en día es una realidad, bienvenida, nosotros a trabajar para que eso suceda”, aseguró el Secretario. 

En el panorama nacional diversos colectivos de defensores de derechos humanos tanto en la entidad como a nivel nacional, han pedido constantemente a legisladores y autoridades tener un diálogo con la población respecto del contenido de esta ley, y puntualizar todos los conceptos ambiguos que la conforman.

Los colectivos argumentan que la ley violentará diversos derechos humanos con la aplicación de la fuerza armada, que podría intervenir con las tareas de seguridad pública, como en el caso de la Policía de Proximidad. 

“Esta propuesta contiene peligrosas ambigüedades y otorga atribuciones”, expresan en un documento Artículo 19, Causa en Común y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. 

En ese sentido, el Secretario de Gobierno de Coahuila expresó su desacuerdo con la opinión de los ONG’s al agregar que elementos del Ejército han colaborado en ilícitos de homicidios y desaparición forzada, y aseguró que situaciones como las que se señalan se debieron a la problemática a la que se enfrentaban los elementos al momento de los hechos. 

“No tengo esa impresión del Ejército que ande haciendo cosas indebidas, yo creo que algunas veces que ha ocurrido alguna situación complicada, es por la problemática en sí de los hechos y cómo las enfrentaban”, indicó.

Temas polémicos

Permanencia permanente en las calles de las Fuerzas Armadas (militarizar al país, según la oposición y ONG’s).

Criminalizar protestas sociales.

El Presidente de la República podrá decretar intervención en cualquier caso que considere riesgo para la seguridad interior sólo consultando al Consejo Nacional de Seguridad.

Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información.