Durante una audiencia que se llevó a cabo este miércoles, la jueza Nelva Gonzales Ramos dictó una sentencia de 36 meses de prisión al exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López por los delitos de conspiración de lavado de dinero durante su administración en el Estado.

De acuerdo con la información pública de la Corte de Estados Unidos, esta sentencia tiene la posibilidad de ser recortada, al tomar en cuenta el tiempo que Torres López ya ha pasado en la cárcel a espera de su proceso judicial, por lo que le restarían aproximadamente 8 meses.

En ese sentido, agregaron que, sin embargo, dado que Torres López no es ciudadano de Estados Unidos, al terminar su encarcelamiento enfrentaría un proceso de deportación.

Además se informó que hasta ahora, la Fiscalía General de la República colaboró, y tienen información sobre el caso.

Fue el pasado 21 de mayo, cuando la jueza desarrolló la última audiencia donde escucharon la recapitulación del caso que se llevó a cabo contra el exgobernador, y a partir de ahí solicitó un plazo para resolver sobre la condena.

En aquella última audiencia, la jueza presenció la comparecencia de varios testigos, entre ellos estuvieron Luis Carlos Castillo Cervantes, empresario conocido como “El Rey de los Dragones”, y el extesorero de Coahuila, Héctor Javier Villarreal Hernández.

“En una audiencia anterior, la corte escuchó evidencia adicional de dos testigos que describieron su relación con Torres-López y detallaron algunas de las transacciones financieras y pagos ilegales”, informó la Fiscalía Norteamericana en un comunicado.

“Torres López admitió que durante parte de su mandato realizó transacciones financieras en Estados Unidos para ocultar los sobornos que recibió a cambio de contratos de construcción de carreteras para el estado de Coahuila. Como parte de su declaración de culpabilidad, acordó perder una propiedad en los Estados Unidos asociada con los pagos”, agregaron a la explicación.

En ese sentido, también afirmaron que permanece bajo decomiso una propiedad en un lote exclusivo que previamente ya había solicitado el gobierno de Estados Unidos, que según las pruebas adquiridas en el proceso, fue adquirida con dinero ilícito.

El exgobernador, fue detenido en Puerto Vallarta, Jalisco, en febrero del 2019 e inmediatamente fue presentado ante la corte de Estados Unidos para iniciar con su proceso, después de ser extraditado.

El 17 de junio del 2020, el exgobernador se declaró culpable ante la corte por los delitos de conspiración para lavado de dinero, además de aceptar una orden para el decomiso de dos bienes inmuebles en el condado de Montgomery.

Según los informes en poder de la Corte, esta investigación sostiene que el ex mandatario recibió sobornos millonarios en cuentas del país vecino, así como otros montos por parte de Castillo Cervantes, para la asignación de obra pública en Coahuila.

Entre algunos de los documentos judiciales registrados ante la plataforma PACER, aparece que gobierno mexicano reclamó ante las autoridades norteamericanas el dinero incautado al ex gobernador de Coahuila, Jorge Torres López, según se reveló ayer luego de una audiencia privada que se sigue por su proceso, en donde también testificaron Javier Villarreal y el empresario Luis Carlos Castillo Cervantes.

De acuerdo con un documento del Distrito Sur de la Corte de Texas, del cual VANGUARDIA tiene copia, la justicia norteamericana considera “la petición del gobierno mexicano para la restauración del fondo de las Bermudas”.

Este punto se referiría a los poco más de 2.7 millones de dólares que le fueron incautados a Torres López en 2015, luego de que la justicia norteamericana le enviara varios citatorios para comparecer y comprobar el origen de estos recursos.

De acuerdo a la acción civil número 13-CV-002, la justicia norteamericana sospechaba que el dinero habría sido robado de las arcas de Coahuila. Este monto fue invertido en Las Bermudas, en la firma Old Mutual of Bermuda, LTD, bajo el contrato CX4011696.

Esta es la primera vez que la justicia norteamericana confirma que hay una solicitud oficial para que autoridades mexicanas puedan recuperar parte de lo confiscado al ex mandatario interino de Coahuila.

En junio de 2020, el Gobierno de Coahuila informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado solicitaría informes oficiales sobre los términos exactos de la investigación contra Torres López.