El descuento “voluntario” de cuotas partidistas a los empleados del sector público representa uno de los peores vicios de la clase política del País, y en Coahuila alcanzó niveles de escándalo cuando el caso del Ayuntamiento de Torreón fue ventilado a nivel nacional en sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

El escándalo de las cuotas partidistas ha sido planteado como un caso de corrupción pública pues existen evidencias en el sentido de que los descuentos realizados a los empleados municipales no tienen nada de voluntarios y por ello podría hablarse de desvío de recursos en favor de un partido político.

Aunque la Auditoría Superior del Estado, ofrece datos relativos al informe de la cuenta pública del ejercicio 2014, no señala  que partidos o asociaciones políticas son beneficiarios de estos “donativos”, se sabe que la práctica se da igual en administraciones emanadas del PRI, que del PAN e incluso que en la estatal UDC.

Así, la información de la ASE pone ahora sobre la mesa un hecho poco menos que escandaloso: la conducta es generalizada en Coahuila.

Y es que en 22 de los 38 ayuntamientos de la entidad se ha detectado esta práctica que consiste en “retener” un porcentaje del salario de los empleados municipales aduciendo que se trata de una aportación que aquellos realizan, “de forma voluntaria”, a favor del partido político en el cual militan.

Es de suponerse  que, coincidentemente por supuesto, el partido político beneficiado es aquel que gobierna el municipio.

En Torreón, los descuentos realizados a los empleados municipales suman casi 4.5 millones de pesos, pero municipios como Piedras Negras y Ramos Arizpe se las han arreglado para obtener de sus empleados “aportaciones voluntarias” por poco más de 2 millones de pesos en cada caso.

El municipio de Frontera también ha sido exitoso en la recaudación, obteniendo casi 1.4 millones de pesos a través del citado mecanismo, e incluso el Ayuntamiento de Candela se las ingenió para obtener aportaciones, si bien modestas, por 6 mil pesos.

En total, los casos detectados por la ASE implica que a los empleados municipales de Coahuila les fueron retenidos, durante 2014, alrededor de 15 millones y medio de pesos por el pago de “cuotas voluntarias” a los partidos en los cuales presuntamente militan.

El informe de la Auditoría pareciera dar a entender que en la revisión realizada a la cuenta pública de tales municipios no se encontró evidencia en el sentido de que tales descuentos sean legales, lo cual implica suponer, al menos, que se trató de descuentos ilegales.

La gran pregunta, como siempre que la ASE difunde información como ésta, es si ocurrirá algo más que el efímero “escándalo mediático” que revelaciones como ésta producen o si, como ha ocurrido hasta ahora, el hecho será importante sólo mientras dure vivo en los medios.