Mientras estamos absortos y, con razones fundadas, preocupados por las agresiones que vienen desde el norte; sorprendidos por los salarios, camionetas y declaraciones de los magistrados electorales; pendientes de un debate necesario y delicado sobre la eventual aprobación de una legislación en materia de seguridad interior; y, por si no bastara, inmersos en un proceso de cambio institucional en materia de procuración civil de justicia, más nos vale estar atentos porque –en el ínterin– nos podrían meter una goleada.

Desde ahora y antes de que concluya el Gobierno del presidente Peña Nieto se realizarán múltiples nombramientos en puestos clave de instituciones estratégicas. Ello sin contar a las gubernaturas, diputaciones locales y ayuntamientos que se elegirán mediante voto popular este mismo año y los cargos en juego en las elecciones de 2018. Mire usted las sillas que estarán vacantes.

Desde ayer es pública la convocatoria para la renovación de tres lugares en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Esos nombramientos –a cargo de la Cámara de Diputados– serán fundamentales para fortalecer (o en su defecto erosionar) la capacidad directiva de la autoridad que tendrá a su cargo la organización de la elección más grande y más compleja de la historia. En esa misma materia, en estos días, está en vilo la designación de tres magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral.

Para poner en movimiento al Sistema Nacional Anticorrupción es indispensable –y yo diría urgente– que el Senado nombre al titular de la Fiscalía Especializada en el tema. Una vez que esto suceda y, entonces, se active el Comité Coordinador del propio sistema, deberá –de inmediato– designarse al secretario Técnico del mismo. En paralelo deben nombrarse tres magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa y quince magistrados para integrar las cinco nuevas Salas Especializadas en esta delicada temática. Todas y cada una de estas personas serán claves para que el sistema arranque, funcione y brinde resultados.

Lo mismo vale –aunque es mucho más amplio el espectro de lo que está en juego– para la persona que vaya a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República. Cuando se apruebe la reforma a los artículos transitorios que evitarán el llamado “pase automático” –y que se están tardando en aprobar– y una vez que se legisle en la materia, el Senado, deberá designar al fiscal. El actual procurador podrá aspirar al cargo pero la designación será abierta y, por lo mismo, será incierta.

La Comisión Federal de Competencia Económica también sufrirá una renovación parcial –con la salida de dos de sus comisionados– en febrero de 2017 y febrero de 2018. Lo mismo vale para el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En ambos casos, después de un procedimiento complejo de examen a los aspirantes, los nombramiento recaen en el Presidente y el Senado.

Otro órgano constitucional autónomo que verá modificada su integración es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Primero, los propios comisionados renovarán su Presidencia y, en marzo de 2018, dejarán el Pleno dos comisionados. El Senado volverá a entrar en acción para sustituirlos.

Por si no bastara, todavía el presidente Peña Nieto y al Senado de la República en su integración actual deberán designar a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo año. Por si no fuera suficiente, aunque se irá hasta noviembre de este año –y no en julio como había anunciado–, una vez más, el Presidente y el Senado tendrán que nombrar un nuevo (o nueva) presidente del Banco de México.

No son todos los cargos en juego, pero sí –creo– los más relevantes. En todos los casos se trata de responsabilidades del máximo nivel, que requieren un carácter técnico y un grado de independencia política a toda prueba. Así que habrá que estar atentos. Y no porque nos quieran golear, sino porque podrían hacerlo.