No es lo mismo una persona que ejerce su derecho a la libertad de expresión en redes sociales o en el espacio público, que un jefe de Estado que usa la palestra, los focos y los reflectores de un poder otorgado por la ciudadanía, el cual conlleva una serie responsabilidades, obligaciones y compromisos. Tal y como lo menciona el presidente López Obrador en sus conferencias “mañaneras”, efectivamente “no somos iguales”. 

Al ser un representante del Estado mexicano está obligado a desempeñarse con un respeto irrestricto a los derechos humanos. Es así como la libertad de expresión debe conceptualizarse desde un ejercicio de rendición de cuentas,  como una pieza angular de la democracia, en su dimensión individual y colectiva. Un aspecto importante para la comprensión de este derecho es que no es absoluto, sus fronteras son el discursos de odio, la incitación a la violencia (a una persona o grupo) y faltar a la realidad de los hechos para difamar. 

El presidente de México ha descalificado a toda aquella persona u organismo que no tiene un diagnóstico favorable a los años de su gestión. En las últimas semanas no se ha echado para atrás con ninguna de sus afirmaciones, al contrario, parece seguir sumando a más actores a la lista, para endilgar en sus seguidores la proliferación de una narrativa distorsionada de la realidad. 

En un corto plazo, el presidente ha desacreditado a la ONU, a organismos defensores de derechos humanos, a instituciones autónomas como el INE y el INAI y, recientemente, a la organización independiente y apartidista Artículo 19. 

Las afirmaciones estigmatizantes lanzadas por el presidente hacia esta organización dedicada a promover y defender el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información, caen de peso, en un contexto, donde Amnistía Internacional señaló el pasado miércoles, que América Latina y el Caribe, continúa siendo la región más riesgosa para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. 

México, por desgracia, sigue siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo, con el nada honroso tercer lugar en asesinatos de defensores de derechos humanos, en una región que concentra el 79 por ciento de los asesinatos a nivel mundial. 

Es así como pasamos de gobiernos negligentes, a uno donde desde la silla presidencial se ataca abiertamente a todo aquello que no responda a su manera particular de concebir el poder público. 

Contrafuerte 

Leonor Gómez Barreiro