Tras la Trumpada del martes, debería resultarnos clara la inaplazable necesidad de poner orden en casa para hacer frente, de la mejor forma, a los farragosos tiempos por venir. 

La lectura del Informe Anual de Resultados (IAR), correspondiente al ejercicio fiscal 2010 y entregado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) el 30 de noviembre del 2011, es decir, dos meses después del plazo contemplado en la Constitución de Coahuila, me deja claro que esos dos años (2010 y 2011), lo que vivimos en la entidad fue una auténtica ruptura del orden constitucional. A pesar de lo anterior, hasta la fecha no se han deslindado adecuadamente las responsabilidades y, sobre todo, no se han aplicado las sanciones conducentes.

La principal causa de la demora en la entrega del reporte de la ASE fue que la Tesorería del Estado entregó el 30 de septiembre del 2011 –es decir, con ocho meses de posterioridad a la fecha dispuesta en la Constitución de Coahuila– una segunda versión de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2010, pues la primera no reflejaba “en forma integral la deuda contratada al 31 de diciembre del 2010 y su aplicación detallada a las cuentas de resultados”. (Informe Anual de Resultados, sección B, p. 9. Todas las citas del artículo se refieren al mismo documento).

El estado de origen y aplicación de recursos de la segunda versión de la Cuenta Pública ascendió a 50 mil 238.4 millones de pesos; es decir, 20 mil 526.5 millones de pesos más que los autorizados por el Congreso en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 2010. Por el lado de los ingresos, esta desviación del 71.4 por ciento, se solventó mediante la contratación ilegal de deuda pública. Por el lado de los egresos, se reportó en los rubros de transferencias e inversión pública realizada a través de la Secretaría de Desarrollo Social (pp. 3-23). En mi opinión, este tema está indisolublemente ligado con las ya famosas facturas emitidas por empresas “fantasma”, en otra oportunidad hilaremos sobre ese telar. 

De la revisión de la deuda pública realizada en esa oportunidad por la ASE, se desprende: 1) Que al 30 de septiembre del 2011, el Gobierno de Coahuila había celebrado 28 contratos de créditos bancarios y cuatro de arrendamientos financieros por un monto global de 35 mil 540.5 millones de pesos; 2) Que solamente seis mil 503 millones estaban amparados por cuatro decretos emitidos por el Congreso de Coahuila en la década del 2000 al 2010; 3) En una interpretación muy discutible del artículo 6 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Coahuila, la ASE “legitimó” 10 contratos de deuda a corto plazo por un monto de 11 mil 028.5 millones de pesos; 4) Respecto a los créditos de largo plazo sin autorización del Congreso, éstos ascendieron a 18 mil 009 millones de pesos; 5) El grueso de la deuda se contrató en el 2010 (20 mil 778.5 millones) y el 2011 (siete mil 356); 6) Los créditos se contrataron con 10 instituciones financieras, de las cuales dos (Interacciones y Banorte) otorgaron el 61 por ciento; es decir, 21 mil 684.5 millones de pesos; 7) La ASE reportó que todos los créditos de largo plazo “cuentan  con  el  número de  registro  de  deuda  del Gobierno del Estado y de la SHCP”; sin embargo, la SHCP desconoció el registro de créditos de largo plazo por 16 mil 182.7 millones de pesos (pp. 32-38).

La Sección B del Informe Anual de Resultados de la ASE inicia con el apartado: Denominación de la Entidad Auditada. En su primer párrafo se lee: “El Poder Ejecutivo del Estado se deposita en una sola persona que se denominará Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, así lo establece la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza” (p. 3). No obstante lo anterior, en el punto 1 de las conclusiones de la revisión de la deuda pública del Gobierno de Coahuila señalan: “1.- Observamos que los titulares de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, y/o de la Tesorería General del Estado de Coahuila y/o del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, incumplieron, en lo correspondiente, con las disposiciones legales siguientes”. Acto seguido enumera las violaciones (pp. 36-37).

En el punto 2 la ASE señala que las omisiones en el registro adecuado de la deuda pública y su afectación contable se observa en los ejercicios fiscales de los años 2008, 2009 y 2010. Los incisos 3 y 4 de las conclusiones se refieren a las irregularidades de créditos contratados a nombre de CEAS y transferidos a cuentas de la administración central, así como a transacciones simuladas para obtener recursos a través de organismos públicos estatales, situaciones que, en opinión de la ASE: “confirman  las  graves  deficiencias  en  la planeación y el destino de los recursos públicos” (pp. 37-38).

En la cuenta pública del 2010 no sólo se observaron desviaciones presupuestales desorbitadas y la contratación de deuda pública ilegal, sino que no se presentaron los apartados correspondientes a los programas operativos institucionales aprobados, de manera que no fue posible evaluar su desempeño. (p. 40).

Según la ASE, todas estas irregularidades serían denunciadas “ante las autoridades correspondientes, con la finalidad de que se realicen las investigaciones respectivas para que se deslinden las responsabilidades y se ejerciten las acciones en contra del presunto o presuntos responsables” (p. 38).

¿Cuándo tendremos los ciudadanos un reporte público de las autoridades responsables sobre lo anterior? ¿Cómo ocupar el vacío dejado por la ausencia de justicia? Con imaginación y atando cabos: sólo nos queda el recurso de la historia novelada, en donde las semejanzas de la ficción con la realidad son sólo coincidencias atribuibles a la misma realidad…y ya ven cómo es de terca la chinche realidad… por eso es real.

Del triste papel desempeñado por los diputados de la Legislatura de la época, nos ocuparemos en otra oportunidad.

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